El guateque.

GALLARDÓN PUGNA POR IR AL CONGRESO CON LA CASA SIN BARRER

La operación Guateque no sólo ha puesto sobre la mesa una trama mafiosa profundamente enraizada en el Ayuntamiento de Madrid. También ha desvelado la ineficacia del Gobierno municipal, y de sus más de mil cargos de confianza, a la hora de garantizar una gestión limpia y transparente. Es escandaloso que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, trate ahora de aplicar paños calientes y de centrifugar cualquier forma de responsabilidad política con propuestas efectistas que poco o nada van a servir para tranquilizar a los ciudadanos ni para restañar la imagen de la función pública. Gallardón subraya la honradez de los 25.000 empleados del consistorio para restar importancia y gravedad a una trama de corrupción que podría haber estafado más de cuatro millones de euros, y que se ha saldado –de momento– con 16 funcionarios detenidos y registros e incautaciones en dos concejalías y en tres juntas de distrito.

El alcalde destaca que ningún alto cargo ha sido implicado para deducir que ni él ni su equipo de Gobierno van a responder por el escándalo. Pero suya era y es la obligación –y por tanto la responsabilidad– de velar por la eficacia y la limpieza de la gestión municipal, poniendo en marcha para ello todos los mecanismos de control necesarios. El caso es que mientras Gallardón se dedicaba a promover obras faraónicas –tanto en la ciudad como en su despacho– y a alterar la agenda política del PP introduciendo el debate sobre las listas al Congreso en beneficio propio, un grupo de funcionarios corruptos se ha llenado presuntamente los bolsillos extorsionando a los ciudadanos. Los implicados cobraban comisiones de hasta 30.000 euros por agilizar la tramitación de licencias comerciales, por congelar expedientes sancionadores y por no retrasar adrede unas gestiones que podían demorar cinco días, previa mordida, o dos años por los cauces habituales.

Resulta bochornoso pues que el vicealcalde, Manuel Cobo, diga que «ya era hora de que los pillaran», como si el control de los funcionarios no fuera ni con él ni con el alcalde. Gallardón trata ahora de tirar balones fuera introduciendo un falso debate. Desvía la atención proponiendo externalizar la gestión de licencias para agilizar los trámites. Reconoce así la esclerosis burocrática que padecen los ciudadanos y, por tanto, la necesidad de solucionar un problema que bien podría haber acometido antes si no hubiera estado tan dedicado a intentar procurarse un puesto en la lista del PP al Congreso.

Por otro lado, es normal que el ciudadano se pregunte si la externalización iría acompañada de una reducción de la plantilla o si, por el contrario, tendrá que pagar dos veces por el mismo servicio. La oposición ha reclamado una comisión de investigación que el alcalde no ha podido sino aceptar. Sólo cabe esperar que no se cierre en falso.