viernes, 21 de diciembre de 2007

Editorial del día

CUANDO PAGAR POR NADA ES UN DERECHO

La posibilidad de que el Congreso ratificara la petición del Senado para obligar al Gobierno a eliminar el canon digital en el plazo de un año se esfumó ayer, al lograr la enmienda tan solo el respaldo del grupo proponente, Iniciativa Per Catalunya-Els Verds, y del PP. La enmienda había sido introducida por el Senado en la Ley de Sociedad de la Información, por iniciativa de la Entesa y gracias a los votos del Grupo Popular. La primera lección, pues, que cabe extraer de la votación es que no estamos ante una cuestión ideológica, ya que votaron a favor de la desaparición del canon tanto parlamentarios de derechas como de izquierdas.

El Gobierno y sus socios nacionalistas han desperdiciado una oportunidad de oro para rectificar una medida que únicamente se explica por la necesidad de Zapatero de tener contenta a la Sociedad General de Autores y a sus interesados actores y cantantes. El portavoz socialista, Diego López Garrido, presentó ayer la votación sobre el canon digital nada menos que como la culminación de la «legislatura de los derechos». Lo cual viene a ser el colmo de la desfachatez. Los derechos protegidos por este impuesto son los de los autores amigos del Gobierno, no los de los demás ciudadanos, que se ven gravemente perjudicados, ya que pagarán por nada. La mayoría de los usuarios del teléfono móvil desembolsarán un euro y medio de más al comprar el aparato por un teórico permiso para descargar música que no utilizarán jamás. Los mismos artistas de siempre quisieron presenciar su victoria desde la tribuna de invitados del Congreso. A pesar de que el canon tampoco se hubiera eliminado automáticamente de triunfar la enmienda, su aprobación habría significado que el Gobierno atiende las demandas de la inmensa mayoría de los ciudadanos y, sobre todo, de los usuarios de las nuevas tecnologías que están estos días protestando contra este canon en todos los equipos, soportes y aparatos de grabación y almacenaje de audio y vídeo. Critican, con razón, un derecho a la propiedad intelectual muy mal entendido y peor aplicado.

Tal y como denunció ayer la portavoz de ICV, la tasa aprobada por el Gobierno para gravar los soportes de reproducción es «incoherente e indiscriminada» y es un impuesto que favorece a una sociedad privada, que sólo defiende intereses privados, como es la SGAE.

En estos días, desde algunos ámbitos cercanos al Gobierno se ha tratado de justificar el canon como un mal menor para proteger la propiedad intelectual. Sin embargo, los gobernantes no pueden ni deben derivar a los ciudadanos su incapacidad para proteger con medidas racionales los legítimos derechos de autor.