jueves, 27 de diciembre de 2007

Esperanza Aguirre se pone en su sitio.

Ejercicio de autoridad en beneficio de los usuarios.

(EFE) La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ordenado que se inicien los trámites necesarios para que se rescinda el contrato a las empresas concesionarias del servicio de limpieza del Metro madrileño, que este jueves cumplen su décima jornada de huelga.

Al término del Consejo de Gobierno, Aguirre ha informado además de que ha dado instrucciones para que se contrate a otras nuevas empresas para limpiar las instalaciones de Metro y ha anunciado que la Dirección General de Salud Pública está realizando inspecciones para determinar si la suciedad acumulada en las estaciones del suburbano representa un peligro para la salud de los usuarios.

La presidenta, que ha comparecido ante los medios para dar cuenta de esta decisión, ha indicado que la huelga de limpieza de Metro está alcanzado "niveles verdaderamente insufribles" porque, a su juicio, las empresas privadas concesionarias del servicio (Valoriza, Clece, Ferroser y Eulimp) "incumplen de manera ostensible, grave y reiterada" las obligaciones recogidas en su contrato de servicios.

Por tanto, Aguirre ha anunciado que ha dado instrucciones al Consejero de Transportes de la Comunidad, Manuel Lamela, para que se rescindan estos cuatro contratos y para que se convoquen de inmediato los concursos correspondientes que permitan adjudicar la limpieza de Metro de Madrid a otras empresas distintas a las que se encargan del servicio hasta ahora.

Asimismo, la presidenta ha indicado que se van a distribuir entre las cadenas de televisión imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Metro de Madrid en las que se ve claramente como los piquetes introducen basuras de la calle para arrojarlas en las estaciones del suburbano e, incluso, como tiran aceite al suelo para que los usuarios resbalen y se accidenten.

Ha asegurado además que los culpables de esta situación son "quienes tienen obligación de limpiar" el Metro, es decir, las empresas adjudicatarias a las que afecta esta huelga que es, ha reiterado "un problema interno" de estas compañías. Según Aguirre, en los contratos de adjudicación se recogen las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento leve, grave o muy grave del servicio de limpieza de Metro y por ello ha opinado que en una huelga como la que sufren los madrileños desde hace diez días procede aplicar la máxima pena, es decir, la rescisión de los contratos.

No sólo no limpian sino que lo ensucian adrede

Ha insistido en que estas empresas están "incumpliendo ostensiblemente, de forma manifiesta y reiterada las obligaciones que tienen que cumplir" y que no sólo no limpian las dependencias del metro sino que además lo ensucian adrede, llegando incluso a volcar contenedores y a "esparcir porquería" para agravar aún más la situación.

Aguirre ha recordado que durante seis años fue concejala de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid y que en ese tiempo tuvo que soportar "huelgas de todo tipo", por lo que en esta ocasión, y dado que la Comunidad es la responsable de contratar los servicios de limpieza de Metro, ha decidido aplicar la máxima sanción para atajar la falta de salubridad.

Ya era hora, pues el asunto ya apuntaba riesgos para la salud. No es un comportamiento adecuado el de unos sindicatos que perjudican adrede a los usuarios para presionar en sus reivindicaciones, ni tampoco es forma en una sociedad democrática ir con el cuento de la "lucha" como si estuviésemos en una república bananera, pues esa lucha es una lucha contra los ciudadanos y usuarios del Metro. No es así como se defienden ni los puestos de trabajo ni los derechos de los trabajadores; derechos que terminan en donde entran en conflicto y empiezan a afectar a los de los demás.

Si a los sindicatos se les exigiese que pagaran las consecuencias de sus actuaciones y que corriesen con los gastos que producen las mismas, otro gallo cantaría. En Inglaterra, por poner un ejemplo, no se juega con el derecho de huelga y mucho menos se le hace que entre en "lucha" con los derechos de los demás ciudadanos que pagan por sus servicios, ni con el derecho al trabajo de los trabajadores que no secundarían la huelga si no fuese por la coacción violenta de los piquetes.

Nadie tiene derecho a ponerse en lucha contra los derechos de los demás.