Adiós Saiz, ¿adiós Bárcenas?

La dimisión del director del CNI puede acelerar que el PP exija la de Bárcenas.

De no ser así se quedarán sin autoridad moral para exigir la dimisión de Chaves, por poner un ejemplo de alguien que está en la cuerda floja. El haber permitido la continuidad de Bárcenas, incluso apoyándole claramente con la excusa de la presunción de inocencia, ha rebajado la capacidad de actuar del PP en otros casos. Además de que usar la presunción de inocencia a nivel político no es muy adecuado. Ese concepto es un concepto jurídico, no político, pues así como jurídicamente nadie es culpable si no se demuestra lo contrario, a nivel político nadie debe seguir en un cargo si despierta desconfianza o sospechas. La política es servicio a los demás y de mala manera va a ofrecer dicho servicio quien despierta suspicacias por sus actos.

El CNI se había convertido en una jaula de grillos a causa del mismísimo Saiz, responsable del organismo hasta hoy mismo. Ahora, dicha dirección vuelve a manos de un militar, quizás la mejor manera de evitar los politiqueos internos en una organización que no debe permitirse esa pérdida de tiempo, pues debe funcionar con la máxima dedicación y eficacia, además de que en el desempeño de sus cometidos la lealtad es un elemento imprescindible, y poca lealtad genera quien anda con trapicheos continuos. Hay que tener en cuenta que los responsables de los éxitos obtenidos por el CNI en la lucha antiterrorista, ya habían dimitido por desacuerdos con Saiz, por lo que poco podía alegar ya en apoyo de su causa.

A ver si el PP toma nota y hace lo mismo, aunque sólo sea para tener las manos libres para actuar en otros casos de actuaciones irregulares, como es el caso Chaves. La Justicia que siga su curso y ya decidirá si Bárcenas es culpable o no jurídicamente, pues políticamente sí es culpable al menos de haber dado alas a los opositores al PP. Y desde luego que sí es culpable de haber ayudado a Zapatero creando asuntos que distraen la atención de su pésima gestión, además de rebajar la autoridad moral de la oposición para denunciarlo.