viernes, 17 de agosto de 2012

Comunicado de la AVT



AVT: “España ha sido chantajeada por ETA”

Se confirmó la traición a las víctimas del terrorismo y al Estado de Derecho. El Gobierno de España, con la concesión del tercer grado y la libertad condicional al asesino Josu Uribetxebarria, ha cedido al chantaje iniciado por ETA mediante la presión de las huelgas de hambre de sus presos con una decisión que supone un daño quizás irreversible a la lucha contra el terrorismo y desvanece las posibilidades de alcanzar una derrota total de los terroristas.

Por ello, tras conocer la decisión, desde la AVT señalamos:


  1. Queremos saber cuál ha sido la base legal que se ha utilizado para tomar esta decisión toda vez que, tanto el artículo 92 del Código Penal como el 104.4 del Reglamento Penitenciario, establecen que la libertad condicional por motivos humanitarios para los enfermos terminales no es automática. No es un derecho del preso, sino una gracia que se le concede y para la cual deben cumplir una serie de requisitos: haber observado buena conducta y pronóstico favorable de reinserción.
  2. Mediante la realización de la huelga de hambre es más que evidente que este asesino no ha cumplido ninguno de los dos requisitos de los dos señalados anteriormente.
  3. Denunciamos que se ha realizado una pésima y lamentable gestión de la cuestión, empezando por el traslado de León al País Vasco. Esto favoreció que el caso fuera utilizado por ETA como chantaje al Gobierno para lograr una flexibilización de la política penitenciaria. Esta cesión a los terroristas es una victoria para ETA y como tal lo venderá a su entorno.
  4. Así mismo, se sienta un precedente nefasto en la lucha antiterrorista y la política penitenciaria. El entorno de ETA ya ha anunciado más huelgas de hambre y se convertirá en algo habitual en los próximos meses.
  5. Las víctimas llevamos meses exigiendo y reclamando firmeza al Gobierno.
  6. Pero vemos tristemente que esa política firme contra los terroristas no llega. Ceder al chantaje y a los desafíos de ETA supone un daño irreparable a la democracia y al Estado de Derecho. Es el Gobierno quien debe marcar la política antiterrorista. Por desgracia, en los últimos tiempos, es ETA quien está marcando el ritmo mediante sus desafíos y chantajes al Estado de Derecho.