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miércoles, 11 de noviembre de 2015

Reformar la Constitución

Reformar la Constitución, sí; pero, ¿en qué sentido?

Si un español se va a trabajar fuera de España, ¿cuáles son sus derechos como español? ¿Los que tendría aquí si viviera en Cataluña? ¿Los que disfrutaría si su domicilio estuviera en el País Vasco? ¿O en Navarra? ¿O en Extremadura?

La Constitución dice que todos los españoles somos iguales y que no puede haber discriminación por ningún concepto, y discrimimación es el tener distintos derechos y obligaciones si se vive en un territorio u otro dentro de España.

Cuando un español reside en otro país sus derechos y obligaciones en dicho país serán los que allí establezcan sus leyes, por supuesto, y seguramente diferentes a los que gozaría de seguir viviendo en España. Lo que no es normal, ni constitucional, es que esto le suceda si lo que hace es cambiar de residencia dentro de España.

Por lo tanto, si de cambiar la Constitución se trata, que no sea para abundar en esas diferencias para contentar a los nacionalistas, sino en sentido contrario, para garantizar la igualdad sin importar en donde se resida dentro de España. Además de que es un dislate otorgar diferencias a quienes no quieren ser españoles para que cada vez lo sean menos y se vayan acercando a su meta de dejar de serlo. Una constitución de ese tipo no constituye nada y no merecería tal nombre.

Luego, cambios en la Constitución sí, pero para eliminar diferencias y privilegios, no para aumentarlos. 

jueves, 6 de septiembre de 2012

Sobre lo dicho por el Coronel Alamán


El general de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina Agustín Rosety Fernández de Castro ha hecho pública sus reflexiones sobre las declaraciones en AD del coronel Francisco Alamán Castro en carta dirigida al bloguero Manuel Molares do Val. Esta es el texto de la carta del general que Molares ha hecho pública en su blog:
“En relación con las declaraciones del coronel Alamán debo decirle que, como militar retirado, participo de la sensibilidad del citado oficial, aunque no de la postura que, según dice, habría adoptado.
Efectivamente, los Artículos 2º y 8º de la Constitución son preceptos con valor normativo pleno, como el resto de la Carta Magna, pero deben ser interpretados en su contexto.
Alguna vez he discutido este tema en sentido inverso; ante el parecer de algunos partidarios de la eliminación del segundo de ellos, siempre he defendido su concordancia con el Artículo 97; es decir, el 8º representaría el QUÉ, mientras el 97, el CÓMO.
Las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza poliédrica. Una de sus caras es institucional: la que indica el Artículo 8º de la Constitución, que señala su razón de ser al servicio de la Nación y su neutralidad política, al estar vinculadas al Rey como Mando Supremo.
Ahora bien, los actos del monarca, como Rey constitucional, tienen que estar refrendados por el Gobierno.
De ahí, la segunda dimensión de las Fuerzas Armadas: la de Administración Militar, gobernada por el Ministro de Defensa en el marco del departamento del que es titular, en el que se insertan sin confundirse con él.
Aún podría distinguirse un tercer aspecto, de carácter funcional, que hace referencia a las Fuerzas Armadas como instrumento del Estado, como su brazo armado.
En este campo, estrechamente relacionado con la dirección de la guerra, destaca el protagonismo del Presidente del Gobierno, de acuerdo con la legislación en vigor.
Del mismo modo que las Fuerzas Armadas son una realidad compleja, también lo es el status de sus miembros.
Los militares no son funcionarios, o al menos no solamente eso. Los deberes institucionales –que se expresan en el juramento ante la Bandera- vinculan al militar con la Nación hasta el punto de hacerle ofrecer su vida, llegado el caso, en el cumplimiento de su misión.
Es éste un deber moral que difícilmente podría derivarse de una relación de servicios profesionales ordinaria, ni tan siquiera del mismo servicio público.
Profesional -o no, en el caso de los ciudadanos que ejercitan el derecho-deber de prestación del servicio militar, tan sólo suspendido en su obligatoriedad-; funcionario también, en la medida en que desempeña una función pública; ciudadano en armas, en fin, el militar no sirve por la paga, como si de un mercenario se tratase.
Tampoco es, simplemente un empleado público; no es que su relación de servicios le confiera más derechos, sino por el contrario, un deber más riguroso, que se expresa en la profesión de unos valores. Honor, Valor, Lealtad, Patriotismo.
Así los expresaba, en sus comienzos, el texto de las derogadas Reales Ordenanzas. Inútil parece adjetivar de “constitucional” el patriotismo a estas alturas de la Edad Contemporánea. ¿A qué Nación se referiría en otro caso?
La disciplina que, por cierto, no figura entre esos valores, no es sino su consecuencia. Y la recíproca es cierta.
En ausencia de ellos, la disciplina no es sino sumisión, inútil ante la exigencia suprema, llegado el caso.
Disculpe la extensión de mi comentario, pero quería dejar claro los motivos de mi preocupación. La secesión (digamos hipotética) de una parte del territorio nacional sería un supremo atentado contra la Patria, pero también contra la Constitución.
Para resultar legítima, jurídicamente hablando, tendría que reformarse el Título Preliminar, lo que a la postre supondría cambiar de Constitución.
Sólo la Nación es soberana para hacerlo y no cabe la menor duda de que es el pueblo español, en su totalidad, quien tiene la palabra para ello.
Si esas condiciones faltan, nos encontraríamos ante un golpe de Estado y, una vez quebrado el ordenamiento constitucional, se volvería al estado de naturaleza. Quien ha estado en la extinta Yugoslavia, sabe de eso.
Formular declaraciones –como a las que alude- cuando se empuñan las armas y rige la Constitución que la Nación se ha dado es, amén de otras calificaciones que pudieran ser procedentes, una gran imprudencia.
También lo es, sin embargo, interpretar frívolamente el contenido de la Constitución para desvirtuar su espíritu, sobre todo cuando se ostenta el poder conferido por los ciudadanos, o consentir que se juegue con fuego de esta manera.
Esperemos que los españoles no nos apartemos de nuevo del imperio de la ley, garantía de la libertad y atributo fundamental de la democracia”.

miércoles, 31 de agosto de 2011

Rosa Díez: al pan, pan...

Una implacable e impecable reprimenda.


No discute la necesidad del control del gasto, ni la urgencia para tranquilizar a los mercados. Pero tira de la manta de Zapatero, de la colcha de Rajoy y hasta del pareo de Soraya,  para dejar las vergüenzas de la partitocracia al aire. Esta señora de la política, sin pelos en la lengua y con un arrollador sentido común, es un ejemplo a seguir desde la ideología que sea. La política sería otra cosa.

martes, 30 de agosto de 2011

La reforma Trichet

Una reforma poco democrática
No deja de ser gracioso -maldita la gracia- que Zapatero proponga un cambio en la Constitución precisamente para evitar que otro haga lo que él ha hecho. Así que no debía ser tan bueno, ¿no?

El director del Banco Central Europeo ha admitido que sugirió reformas constitucionales sobre equilibrio presupuestario a los países a los que se ayudó -y se ayuda- con la compra de deuda, en lo que algunos pensamos fue un rescate encubierto. Esa reforma y su inclusión en la Constitución fue -ya hace un año- propuesta por el PP, y despreciada por el PSOE por boca de Rubalcaba.

El PP trataba de incluirla en la Constitución para evitar que otro gobierno de ineptos pudiera volver a hacer lo que hizo Zapatero derogando las leyes que procuraban mantener un techo de gasto razonable y garantizaban un equilibrio presupuestario. Y de paso, forzar a las Autonomías a moderarse sin excusa. Pero eso era entonces. Ahora hasta el PSOE quiere apuntarse a eso para decirle a los mercados que los dislates de Zapatero ya no podrán repetirlos otros.

Ahora se trata de dar un mensaje desesperado a los mercados y de cumplir las exigencias del BCE. Y se trata de eso de forma urgente para contrarrestar la desconfianza que genera Zapatero. Tan urgente que no ha importado siquiera dar imagen de decisión democrática. Se ha arreglado entre la cúpula de los dos partidos cuyos votos son necesarios para dicha reforma. Y ha obligado a Rubalcaba a desdecirse y esmerarse en su campaña para convencer a los suyos de que no es tan mala porque él ha intervenido y la ha corregido.

Y se ha arreglado en privado, sin debate y con imposición de quienes confeccionan las listas de los que se presentarán a las elecciones para poder seguir viviendo de la política. Así que o acatan o al paro.

Ni siquiera se ha presentado la ocasión de debate en el Parlamento, posiblemente por la urgencia de la imposición de Trichet ante lo desesperado de la situación. Eso nos lo ocultan, claro. Y lo hacen al alimón los dos partidos mayoritarios. El mensaje de Trichet es claro: O se acometen reformas que garanticen de alguna forma la estabilidad presupuestaria, o no se compran bonos y nos vamos al garete.

Como en otras ocasiones en las que la partitocracia evidencia la falta de democracia de nuestro sistema, Rosa Díez ha hablado clarito y ha hecho un reproche impecable e implacable a ambos partidos. Llamazares también se ha apuntado a eso y su intervención ha ido en ese sentido. Lo que está por ver es lo que de verdad harían de estar en situación de hacer algo..

Pero es inútil, la reforma se llevará a cabo con esta bochornosa urgencia. Esa urgencia que ha provocado el nulo gobierno de Zapatero en el que ha participado Rubalcaba durante siete años, no hay que olvidarlo. Ahora hace paripés varios para desmarcarse, pero ya no cuela. Bueno, sí; cuela a quienes se la dejan colar por sus propios intereses o por su sectarismo irrecuperable.

Y todo esto no es más que el reconocimiento de un fracaso. Hay que imponerlo en la Constitución para ver si así se consigue que lo acaten todos además del gobernante de turno. Principalmente las Autonomías en manos nacionalistas. Repito, un reconocimiento implícito del fracaso del Estado de las Autonomías. Y del miedo a corregirlo abiertamente.

En cualquier caso, a lo mejor engañan a los mercados, pero aquí a pocos engañarán. Esa reforma se la saltarán en cuanto interese, incluso con ayuda del Tribunal Constitucional, o la volverán a reformar en despachos en cuanto quieran. Además, si necesita una Ley que la desarrolle, es que está mal redactada; quizá gracias a la mano electoralista de Rubalcaba. Así que tampoco hay para tanto.

Y en cuanto aplacar a los mercados y alejar el fantasma del rescate, ya veremos cuando se sepan las cifras reales del déficit o se destapen los más que probables boquetes ocultos debajo de las alfombras del poder y del "mejor sistema financiero del mundo".

La Constitución necesita reformas, muchas reformas. Y no necesariamente ésta. O mejor, toda una nueva Constitución que haga viable el Estado que dice constituir. Ya puestos... Pero, sea como sea, toca prepararse pues rescate habrá. O sea: sí o sí. Y ya quisiera equivocarme, ya.

viernes, 9 de mayo de 2008

La Constitución culpable.


La cada vez mayor desigualdad entre los españoles es consecuencia de dos errores consagrados en la Constitución.

El primer error es la inclusión en la Constitución del abstracto concepto "nacionalidades" recogido en la Ley de Leyes referido a algunas de las regiones españolas para contentar a los nacionalistas. El segundo error es el haber omitido referirse a nuestro idioma común como español y haberlo hecho tan sólo como castellano.

Como consecuencia del primer error las Autonomías han perdido totalmente lo que nos contaron como objetivo de las mismas y la intención inicial de la organización territorial del Estado en dichas Autonomías: el acercar la administración al administrado y el conseguir una mayor unidad y solidaridad potenciando la diversidad. No es cierto, pues las Autonomías han derivado en centros de poder político en permanente disputa con el Estado para hacerse con más competencias y cotas de poder, sin que ello redunde en una mejor gestión o en beneficios para el ciudadano. No favorecen más que a los políticos y cada vez se asemejan más a Taifas con intereses contrapuestos y desde luego absolutamente insolidarios.

La consecuencia del segundo vergonzante error -cometido a sabiendas para no herir susceptibilidades nacionalistas- es más grave que el esperpéntico hecho de que nuestro idioma se llame español en todo el mundo menos en España. Mucho más grave. Ha dado pie a que se esté considerando el español -en la Constitución sólo llamado castellano- como un idioma más y no como el idioma común de todos los españoles. Ahora esa falta de defensa de lo que se creyó que no había que defender constitucionalmente, se está pagando en que ya hay generaciones que no saben desenvolverse correctamente en nuestro idioma común y que son prácticamente analfabetas si salen de su región natal. Hay generaciones en algunas Autonomías a las que se les ha privado del capital que supone un idioma que hablan 400 millones de personas. Y se ha roto la igualdad de los españoles, pues ya no se tienen en la práctica los mismos derechos en todo el territorio nacional dado que hay regiones en donde no se pueden escolarizar a los niños para que cursen sus estudios en español.

El idioma es un puente, un nexo de unión, y si se usa como una diferenciación y como una barrera lo que crea no es unidad. En absoluto. La cerrazón nacionalista no es nueva, es algo conocido de antaño. Pero la Constitución no nos ha protegido de ella; y no sólo eso, sino que la ha potenciado. Además de que yo, por ejemplo, no considero que hablo castellano; hablo español, idioma enriquecido con modismos, giros y palabras no sólo de todas las regiones españolas, sino de los territorios que una vez formaron parte de España y que conservan nuestro común idioma como un inmenso tesoro que nos permite entendernos. El que hablaba castellano era el Cid, y de eso hace ya mucho tiempo.

El objetivo de las Autonomías -y de cada vez más Autonomías- no es otro que la Autonomía total, es decir: la independencia. Ahora se proclama ese objetivo como lo más normal del mundo, con lo que nos encontramos con que vivimos en una Nación y en un Estado que no está definido sino en constante definición. Es un Estado y una Nación en obras permanente. Y es el único del mundo en el que su Constitución permite dicha indefinición constante.

En el asunto idiomático ya se ha llegado al esperpento, pues algunos de los supuestos idiomas que se imponen en algunas de las Autonomías no son otra cosa que inventos recientes, refundaciones y refundiciones de distintos dialectos con nuevos modismos y palabras que no existían en dichos supuestos idiomas. Se llega al tremendo contrasentido de perder el tiempo -y de forma obligatoria- en aprender nuevas lenguas tan sólo para entenderse entre los que ya se entendían en otra más universal. Si alguien no se entiende con alguien es lógico que intente aprender su idioma, no lo es si ya tienen un idioma común en el que se entienden a la perfección.

Una cosa es cuidar una lengua como bien cultural y otra cosa es imponerla. El que en la ONU no se hable Watusi no quiere decir que no se ampare y proteja a dicha lengua para evitar su desaparición. A nadie se le ocurre imponerla como medio de expresión a personas que ya se expresan y entienden en otra mucho más extendida.

Y una cosa es proteger una lengua como bien cultural, y otra el usarla como elemento diferenciador e incluso como excusa para rupturas y pretensiones secesionistas. Así no se une. Ni se progresa.

Un Estado que trocea y se desprende de las competencias en educación y sanidad es un Estado que pierde su razón de ser, pues esas dos cosas son las que dan sentido a la existencia del Estado. Aquí ya se hizo hace tiempo y no pasará mucho para que eso sea lo que produzca la ruptura, pues los sentimientos que hacen la unidad serán sustituidos por los que pretenden trocearla. Y habrá sido el Estado quien lo haya propiciado. Increíble.

Espero y deseo que se recupere la sensatez y se puedan corregir democráticamente esos errores que más que constituir destruyen, pero como demócrata acato lo que está vigente por haber sido aprobado mayoritariamente por los españoles.

lunes, 19 de febrero de 2007

Puntualización a Fernando López Agudín

Los partidos políticos NO son representantes de la sociedad, no te confundas.

Este conocido perodista, ahora claramente defensor del Gobierno y del partido que lo apoya, y a quien no le importa en absoluto basar sus argumentaciones en falacias evidentísimas para, a continuación y con cara de perdonar la vida a los pobres ignorantes que no tragan con sus chorradas, intentar sentar cátedra, ha vuelto a soltar otra, y gorda, en el programa Alto y Claro de TeleMadrid.

Y lo que ha dicho, como respuesta a la aseveración de otros contertulios de que las reformas estatutarias no son algo que la sociedad demanda, es que los partidos son representantes de la sociedad. Y se ha dirigido a los demás contertulos, perdonándoles la vida con sorna, repitiendo: "Si ahora resulta que los partidos politicos no representan a la sociedad... Yo desde luego no estoy por cargarme el sistema". Y se queda tan fresco.

Pues mire, no. No son los partidos los representantes de la sociedad; en absoluto. Los representantes de la sociedad son los cargos electos, pertenezcan a partidos o no. Pero se ve que, como cuando terminó su carrera de Derecho todavía estaban vigentes las leyes franquistas, no sabe de qué va la Constitución.

Su capacidad para obviar la realidad y ponerse las orejeras, además de mentir sin parar y no escuchar a los demás, poniendo carita de perdonavidas, es para mandarlo a freir espárragos.

Sus enroques en la defensa de que la realidad es lo que quiere que sea la realidad y no lo que es la propia realidad, son ya de libro. Es una pena que alguien que se llama periodista se apunte de forma tan evidente a la subjetividad practicante y se aleje de lo que un periodista creíble siempre buscó: acercarse a la objetividad todo lo que pueda, y se dedique a ser el abogado defensor del poder en vez de a informar y opinar.

Volviendo al tema inicial, el problema de las democracias occidentales, derivadas más o menos en partitocracias -no como exigencia social sino como imposición partidista-, es precisamente el que los partidos se están centrando mucho más en sus intereses partidistas y no en los intereses de la sociedad.

Pero, aún siendo grave esta desviación, lo es mucho más el poner al servicio de sus intereses partidistas todos los esfuerzos para convencer a la sociedad de que los problemas que le interesan son precisamente los que los partidos le digan. El que los autoproclamados intelectuales y manejadores de opinión, se dediquen a apoyar esta desvirtuación del sistema, sí que va en el sentido de pervertir dicho sistema. Y esto último me parece aún más peligroso que cargárselo.

miércoles, 7 de febrero de 2007

Politización suicida

El Constitucional

El que el Tribunal Constitucional no es más que un tribunal político, que muy poco tiene que ver con la Justicia o con el Derecho, es algo ya sabido desde tiempos inmemoriales. No hace falta en absoluto que la dimisión, voluntaria o forzada, del Magistrado Pérez lo haga más evidente. Ya se ha visto en otros momentos de nuestra historia reciente. Lo del asunto de Rumasa ya fué de vergüenza. De tanta vergüenza que el entonces Presidente del Tribunal se fue de España para siempre, y Europa tuvo que deshacer el entuerto con diferentes sentencias que desautorizaron al Alto Tribunal.

El que los Magistrados del Constitucional se nombren como se nombran, hace por sí mismo que no tenga ninguna credibilidad. No es más que un eco de lo que las fuerzas políticas quieran en cada momento. Nada que ver con el Derecho. Nada que ver con la Justicia. Y poco que ver con la Democracia.

Puede que el asunto del Estatut lo que certifique sea la muerte del Tribunal Constitucional. Y puede que eso no sea tan malo. Porque lo que sí es evidente es que con esta Constitución no hay quien gobierne y lleve a buen puerto un proyecto que se llama España.

martes, 6 de febrero de 2007

¿Ministro de qué?

Apto y honorable

Según el Ministro de Justicia, el Magistrado del Tribunal Constitucional, Pérez Tremps, es un juez apto y honorable. Parece que por evidente, su declaración tiene otra intención pues nadie ha dicho lo contrario. Lo que ha sucedido es que se ha aplicado la ley, nada más. Y el que se recuse a un Magistrado no significa en absoluto que se le acuse de inepto, ni mucho menos que se ponga en duda su honorabilidad. Yo no soy árbitro de fútbol y no por eso soy un inepto deshonrado. No otra cosa que una salida tonta e irrelevante se merece tal declaración de quien ya tenía que haber dimitido de su cargo de ministro precisamente por honorabilidad, pues se presenta como candidato a presidir la autonomía canaria.

Pero ahí no va a quedar la cosa. El tradicional respeto del PSOE por la independencia judicial no va a quedarse en meras declaraciones; ni de broma. Harán algo para remediar lo que consideran una derrota. Y lo harán con fraude de ley, y si no, al tiempo. Ya verán como fuerzan a que el apto y honorable Pérez Tremps presente su dimisión. Así podrán nombrar a un sustituto que no pueda ser recusado por haber participado, cobrando, en la creación de un texto que luego tiene que juzgar.

Yo no me creo que el PSOE acepte el cumplimiento de la ley cuando ese cumplimiento no le beneficia. No me lo creo en absoluto. Y hay motivos más que suficientes para ello en su historia, tanto lejana como reciente. Fue el PSOE precisamente, con la inestimable ayuda del Constitucional de entonces, quien se cargó la independencia de los poderes del Estado cuando suprimió el requisito que fija la Constitución para la creación del órgano rector del Poder Judicial, y decidió politizar completamente los nombramientos suprimiendo que el 50% de los mismos lo fueran por los propios magistrados.

Y es que lo que tenemos no es una democracia ni de coña. Es una partitocracia, cosa que no tiene mucho que ver.

viernes, 30 de septiembre de 2005

Cambio de camaradas

Bueno, la primera parte del show "Cómo acabar con una Constitución en dos actos" ya ha concluido; ahora queda la segunda parte. Después vendrá la conclusión final.

Por ahora la cosa se desarrolla como ya había predicho en un post bastante anterior. Ahora es el Parlamento quien tiene la palabra. El PSOE está dividido y ésto puede ser un buen revulsivo. Si los socialistas votan en conciencia, el Estatuto será rechazado y los que han salido a dar la cara por Zapatero tendrían razón. Pero entonces Zapatero habría incumplido su promesa hecha a ERC y éstos le podrían retirar su apoyo. Bueno.., está el plan B: la opción vasca.

Con el rechazo al Estatuto Zapatero habría conseguido cargarse a Maragall y desembarazarse de la hipoteca contraída con él por haberlo hecho Secretario General del PSOE y como consecuencia Presidente del Gobierno. Un Maragall que se le había hecho indigesto y que había provocado no pocos enfrentamientos dentro del socialismo.

Sería el momento de plantear un cambio de gobierno y desprenderse también de Montilla. Así Caldera, que hasta ahora no despuntaba tendrá su oportunidad para la gloria.

La otra posibilidad, la de que el Parlamento apruebe el Estatuto, certificaría la muerte de la Constitución y de España tal y como la conocemos. Lo que sí es cierto es que Europa cada vez está más desconcertada, sorprendida y arrepentida.

domingo, 17 de julio de 2005

Constitucion mas fuerte

Esta frase de Zapatero "...al final de la legislatura habrá una Constitución más fuerte y más sólida, que habrá integrado y unido a los ciudadanos y a la mayoría de los territorios e identidades.", confieso que me acojona.

Me recuerda tremendamente a aquéllas que nos alentaban a votar en el Referéndum para aprobar la Constitución Española, explicando que las Autonomías iban a fortalecer la unidad de España... Juzguen ustedes mismos.