Justicia y política o justicia política.

¿Quién nombra al Tribunal Supremo?

La facultad de nombrar a los magistrados que componen el Tribunal Supremo corresponde al Consejo General del Poder Judicial.

¿Y quién nombra al Consejo General del Poder Judicial?

El organismo que manda sobre todos los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Tiene 21 miembros. Pero ninguno de ellos lo eligen los jueces. Todos sin excepción, son nombrados por el Congreso y el Senado, es decir por los políticos.

A continuación reproduzco un artículo de La Sexta sobre esto último:

Como para cada nombramiento hace falta una mayoría de 3/5, en la práctica, los eligen por acuerdo los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Y aquí está el pastel que todos persiguen. Porque controlar el Consejo significa controlar también los nombramientos, entre otros, de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
El interés político es evidente. Javier Gómez Bermúdez sabe mucho sobre presiones políticas a la Justicia. Fue presidente de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. A su espalda, uno de los casos con más implicaciones políticas de los últimos años: el 11-M. Abiertamente conservador,  se convirtió en objeto de la persecución de quienes alentaban la teoría de la conspiración. No le gusta dar entrevistas, pero hace una excepción con laSexta Columna.
Según él, las presiones políticas existen, pero son indirectas. "No te llama el político, pero sí el amigo del político. Te tientan", asegura. Además de las tentaciones, también hay recomendaciones que llegan negro sobre blanco, en la prensa diaria. "Yo no he tenido ni un solo día sin presión mediática en los últimos 8 años y no se consigue nada presionando a un juez", confiesa Gómez Bermúdez.
Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y viajero consumado, no ha ayudado a la imagen de la Justicia.
Tuvo que dimitir por, presuntamente,  pagar con dinero público viajes privados a hoteles de lujo de Marbella. Su principal defensor fue el Ministro de Justicia, para quien la polémica incluso fortalecía a Dívar. Pero la presión social acaba antes con la resistencia del propio Dívar antes que con la del ministro.
El otro gran símbolo de la politización de la Justicia es el Tribunal Constitucional. Con forma de búnker por fuera, dentro se gobierna a base de trincheras. Es el órgano que tiene la última palabra sobre las leyes que aprueba el Parlamento. Por eso, aunque debería ser independiente, es el centro de las iras de todos los políticos.
En el se recurren las leyes más polémicas: la del aborto, la del matrimonio homosexual o el Estatut de Cataluña entre otras muchas. Controlar este Tribunal significa, por tanto, quitarse muchos problemas a la hora de gobernar. Por eso, se ha convertido en campo de encarnizadas batallas políticas.
Como en el Consejo del Poder Judicial, es imprescindible el acuerdo de PP y PSOE para nombrar a la mayoría de sus miembros.  Y es demasiado frecuente que eso no ocurra. Consecuencia: los políticos bloquean su funcionamiento y la renovación de la mayoría de sus miembros. Hay una sorpresa más: sólo dos de sus 10 integrantes deben ser jueces.

Suavecito, que empieza la campaña.

La primera campaña que se ha puesto en marcha, y en la que colaboran gustosos muchos medios, está dirigida a los incautos. Se trata de convencerles de que no ha habido siquiera un intento de golpe de Estado tan sólo porque no se ha realizado con pistolas.

Un golpe de estado se produce cuando una parte de los servidores e Instituciones del Estado se rebelan contra el propio Estado y pretenden cambiar el orden establecido y saltarse la legalidad basándose en la fuerza de la calle, de la coacción, de la amenaza de posibles tumultos, de desobediencia civil, de las armas o de los votos interpretados de forma arbitraria.

Lo que estamos viviendo actualmente es más grave para la continuidad de España que lo ocurrido el 23F, que no la ponía en duda. Pretendía un cambio de gobierno, claro, no una ruptura de la Constitución ni de la soberanía popular ni, mucho menos, de su territorio. Y se reaccionó rápida y contundentemente ante dicho delito una vez abortado.

Ahora se trata de suavizar lo ocurrido para tratar de que unos pocos paguen, si pagan, los platos rotos y así salvar al resto de los independentistas reconvirtiéndolos en nacionalistas dentro de un orden. Como si eso fuera posible y no sólo una estrategia momentánea de los mismos a la espera de su momento.

Y de paso, una vez conseguido suavizar los hechos, se podrá defender la lentitud y suavidad de las medidas para restablecer la legalidad

El gran bluf.

Este paranoico que ya más parece esquizofrénico, y que ve espías por todos lados, no es más que un cobarde que va a hacer daño a España, y por tanto a Cataluña, intentando presentarnos como una república bananera. Justo la que él quiere para su región de la que se cree Emperador absoluto. Piensa que así a lo mejor coacciona al Estado para que sea benevolente con él y le perdone a cambio de no ser revoltoso.

La parte buena es que ha desprestigiado el procés; la mala, que desprestigia a España por haberlo permitido. No parece que los inversores confíen mucho en un país ingobernable, ni siquiera si se vuelve a una "normalidad" democrática que ha permitido eso y que parece que va a permitir que se presenten a las elecciones -e incluso las ganen- los mismo que han provocado esa inseguridad jurídca que hace huir a las empresas.

Que este chalado siga haciendo ruido fuera de nuestras fronteras no ayuda. Como tampoco ayuda a Europa. Así que si el Gobierno de Rajoy no es capaz de controlar esto, a lo mejor deberían echarnos una mano y llamar al orden al Gobierno para evitar el contagio de esta esquizofrenia nacionalista a otras regiones europeas.

El milagro español está quedando en el bluf español. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón, y de mi bolsillo.

Ser español.

Laura Moreno de Lara   3 de octubre a las 2:52

No cariño, tú no eres español. Ser español no es llevar la bandera, ni gritar como un berraco frases de odio que espero que no sientas. Tampoco lo es ponerse una pulserita en la muñeca, ni cantar el cara al sol. El concepto de ser español es algo totalmente distinto, o al menos lo debería ser, porque a estas alturas de la historia yo ya no sé qué decirte.

Como española que soy, te voy a contar lo que para mí es ser español:
Ser español es arder cuando arde Doñana o temblar cuando tembló Lorca; es sentarte a escuchar historias de meigas en Galicia y llegar a creértelas; es ir a Valencia y no sentir rabia por leer un cartel en valenciano, sino que te agrade poder llegar a entenderlo y es presumir de que las Canarias nada tienen que envidiarle al Caribe.
Sentirse español es sufrir por no haber podido vivir la movida madrileña, enamorarte del mar al oír Mediterráneo de Serrat, es pedirle borracha a tu amiga catalana que te enseñe a bailar sardanas, querer ir a Albacete para comprobar si su feria es mejor que la de Málaga y sorprenderte al ver lo bonita que es Ceuta.
Para mí ser español es presumir de que en Andalucía tenemos playa, nieve y desierto; sentir casi mérito mío que un alicantino esté tan cerca de un Nobel, pedirle a un asturiano que me enseñe a escanciar la sidra y morirme de amor viendo las playas del País Vasco en Juego de Tronos.
También es española la cervecita de las 13.00, el orujo gallego, la siesta, el calimotxo, la paella, la tarta de Santiago, las croquetas de tu abuela y la tortilla de patatas. Lo son las ganas de mostrarle lo mejor de tu ciudad al que viene de fuera y que tú le preguntes por la suya; es hacerte amiga de un vasco y pedirle que te enseñe los números en euskera, por si pronto vuelves a por 2 ó 3 pintxos; es enorgullecerte de ser el país ejemplo a nivel mundial en trasplantes, de formar parte de la tierra de las mil culturas y de ser los del buen humor.
No hay nada más español que se te pongan los vellos de punta con una saeta o con una copla bien cantá, atardecer en las playas de Cádiz, descubrir casi sin querer calas paradisiacas en Mallorca, hacer el camino de Santiago en septiembre maldiciendo el frío o que Salamanca y Segovia te enseñen que no hay que ser grande para ser preciosa.

Así que, acho, picha, miarma, perla, tronco, tete, mi niño… eso es ser español, lo otro es política. Pero si de política quieres impregnar este concepto, también te vuelvo a decir que te equivocas: porque ser español no es desear que le partan la cara a nadie, es sufrir la situación de paro de tu vecino o el desahucio que has visto en la tele; ser español no es oprimir el SÍ o el NO de toda una comunidad autónoma, es indignarte cuando nos llaman gilipollas con cada nuevo caso de corrupción; ser un buen español es querer que en tu país no haya pobreza, ni incultura, ni enfermos atendidos en pasillos del hospital y, joder, querer quedarte aquí para trabajar y aportar todo lo que, durante tanto tiempo, precisamente aquí has aprendido.

Eso es ser español, o al menos, eso espero.

La pela es la pela

DINERO FRESCO

Si, cuando se entere de que está cesado, Carles Puigdemont tiene finalmente la desfachatez de reclamar su blindaje legal de 115.000 euros anuales de pensión temporal hasta 2021 y vitalicia de 87.000 cuando se jubile, es posible que incluso al lehendakari Iñigo Urkullu apoye que se lo denieguen.

Urkullu debió pensar que el ya ex presidente de la Generalitat actuaría al final como el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Éste engañó a su pueblo y traicionó su referéndum, pero se bajó a tiempo de la locura de sacar a su país de la Eurozona. Como él propio Tsipras dijo a The Guardian el pasado julio, «llegué sin experiencia y cometí grandes errores (...) abandonar la UE ¿para qué? ¿para irte a otra galaxia? (...) Te tapas la nariz y coges lo que hay, porque sabes que no hay alternativa».

Parecía que Puigdemont haría lo mismo en la mañana del jueves cuando Urkullu y Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, fueron informados de que se anunciaría a las 13.30. A esa hora el Colegio de Registradores constataba ya mas de 1.600 salidas -ya son 1.700 y las que se avecinan- de empresas desde el 1-O y era hora de que el nacionalista convocara elecciones autonómicas.

«Es que estaba hecho, es que Puigdemont había dicho que sí, que iba a convocar elecciones y no seguir adelante. Pero Puigdemont no tiene palabra, no ha cumplido lo que dijo hasta por escrito», asegura uno de los empresarios que han participado con Urkullu en el último intento de mediación antes del desastre esperpéntico que arroja la marca política de Cataluña al subsuelo mundial y debilita a España en un momento refundador de la UE.

Es habitual que en estas situaciones límite los empresarios intervengan por la cuenta económica que les trae. Por eso dos viejos amigos con contactos en el soberanismo como el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el presidente de la Fundación Carulla, Joaquín Coello, se pusieron en marcha. López Atxurra avisó a Urkullu de que representantes del poder económico catalán querían apoyar su mediación con Puigdemont y el lehendakari les hizo hueco rápido el pasado miércoles en Vitoria. Urkullu no los necesitaba para hablar con Puigdemont pero sí para reforzar la presión sobre él y el PDeCAT. Coello se presentó con notables de Barcelona con amplios tentáculos en la élite catalana como Emilio Cuatrecasas, fundador del bufete del mismo nombre; Juan José López Burniol, vicepresidente de la Caixa y con contactos permanentes en el PSC; y el presidente de Barcelona Global, Marian Puig. Coincidieron con Urkullu en que Puigdemont ponía condiciones que Rajoy no podía aceptar, porque solo en países fallidos africanos, el presidente del Gobierno puede ordenar a jueces lo que tienen que hacer.

El desvarío de los nacionalistas catalanes muestra por cierto lo que harían e el BBVA e Iberdrola en Euskadi en caso similar, pero Urkullu dice hasta en público quesu futuro está en «una España plurinacional» dentro de una UE que hay que fortalecer. No, Puigdemont debía convocar elecciones sin exigencias.

Burniol suele bromear con que hay acuerdos que no se pueden poner por escrito y eso que él es notario y Puigdemont transmitió que aceptaba. ¿Por qué falló después? «Porque de honorable no tiene nada. Es verdad que Esquerra le presionó para que exigiera garantías a cambio de convocar elecciones, pero un presidente manda sobre un vicepresidente y tenía que haberse plantado ante Oriol Junquerasy decir que lo que había prometido a Urkullu lo debía cumplir», explica esta fuente. En el equipo mediador elogian en cambio a Santi Vila, que, en su opinión, dimitió al ver que Puigdemont desautorizaba finalmente la costosa mediación. Vila tiene por cierto el apoyo de la Caixa y del poder económico catalán para intentar recomponer los escombros del PDeCAT ante los temibles Esquerra y Ada Colau.

Los VIP catalanes también salen malparados. Los que han coqueteado en exceso con el soberanismo como miembros de la familia Rodés y Carulla o Carles Vilarrubí son vistos ahora con un desprecio letal por sus homólogos en Madrid.

En cuanto al presidente de la Caixa, Isidro Fainé sigue siendo el gran referente del poder financiero catalán y apoya sin fisuras que Rajoy restablezca la legalidad y el objetivo de que, tras las nuevas elecciones del 21-D, se abra un diálogo con una solución estable de continuidad de Cataluña en España.

Ése debió ser el objetivo de Puigdemont y de, no olvidemos, Artur Mas. Éste estableció por cierto en la ley que regula los derechos de los ex presidentes que solo una mayoría parlamentaria de dos tercios podría revocar la pensión. Es decir, hace falta más mayoría en el Parlament para quitar la pensión a Puigdemont que para declarar la independencia en una estrafalaria muestra de esta clase dirigente nacionalista.

El propio Mas sigue cobrando su pensión a la espera del Tribunal de Cuentas, pero su daño es infinito.

CARLOS SEGOVIA  29 OCT. 2017 El Mundo

Y tan amigos...

O sea, que si Puigdemont convocaba elecciones no había 155 y tan tranquilos. Pero ahora, como ha salido mal y las ha tenido que convocar Rajoy, si se presenta a las elecciones lo juzgarán las urnas, y ya está. ¿Es eso? ¿Por eso se convocan tan rápido, para que no dé tiempo a que haya condena judicial alguna ni inhabilitación?

Porque si es eso habría que sentar en el banquillo a otros muchos. Los tribunales sí condenan a cárcel, las urnas no. Quienes han pretendido sustituir la política y las medidas de gobierno -que no se atrevieron a tomar- por acciones judiciales, ¿ahora pretenden sustituir la justicia por las urnas?

Puede que sea por eso, por ayudar, por lo que no se interviene la máquina propagandista del independentismo, TV3 y satélites.

Todo esto parece un tremendo enjuague entre políticos que están dispuestos a perdonarse todo entre ellos y cargar las culpas en quienes no pertenezcan a su partitocracia. A Trapero y los Jordi no los elegió nadie, así que a ellos sí que se les puede empapelar; pero a los políticos, ni hablar ¡Hasta ahí podíamos llegar! Y a la CUP, claro, a esos sí se les puede culpar que, como son un ente raro, no forman parte de la partitocracia y ahora conviene de nuevo diferenciar entre nacionalistas, buenos y demócratas, e independentistas, no tan buenos ni demócratas. Y a convencernos de esa imbecilidad se van a dedicar unos muchos imbéciles que nos creen a todos imbéciles.

Y en eso están los medios de comunicación amigos, que para eso se les ha permitido que sus negocios prosperen aunque sea a cuenta de ayudarles con el dinero de todos a que ganen el suyo; que aquí todos pagamos sus pérdidas y sus enjuagues, pero no cobramos dividendos.

Aquí hacen falta elecciones, sí. Pero en todas partes. Porque si en Cataluña hay que acabar con la mafia independentista, en el resto hay que acabar con otras mafias que no son muy ajenas a la política.

Capones contra golpes.

Un golpe de Estado no se resuelve en las urnas

El golpe de Estado consumado por los separatistas en el Parlament de Cataluña es un acontecimiento infame cuya mancha acompañará de por vida a sus protagonistas, que son, desde ahora, unos delincuentes. Los diputados no tuvieron ni el valor de dar la cara en la votación, según adujeron, por miedo a las represalias del Estado, prueba de que ni ellos mismos están convencidos de que la fechoría de este 27 de octubre -día marcado en negro ya para la historia Cataluña y de la democracia- conseguirá su objetivo.  

Por más que hoy crean haber entrado en la posteridad, el destino de los impulsores de esta rebelión no puede ser otro que la cárcel, y el de la ideología que encarnan -el nacionalismo fanático y golpista- el estercolero de la historia. Creen haber alcanzado la república y la libertad, cuando lo único que han logrado ha sido quebrar la convivencia entre catalanes y abrir una fractura en España que tardará años en restañarse.

Fraguado en el odio

Los separatistas han disfrazado su golpe con buenas palabras, apelaciones a la concordia, a la libertad, y llamamientos al diálogo. Y han esgrimido la coartada del apoyo popular. Todo es una farsa. Estamos ante un movimiento que se ha fraguado en el odio al resto de España, fomentado durante años desde las aulas y desde los medios de comunicación, financiado a manos llenas con el dinero de todos, y que ha cuajado en un supremacismo premoderno y absolutamente reaccionario.

La realidad es que ni Puigdemont ni sus secuaces tuvieron jamás voluntad de acordar nada. Es cierto que en el último momento le temblaron las piernas al president y negoció su impunidad a cambio de convocar elecciones anticipadas. No se le concedió, entre otras cosas, porque el Gobierno no puede interferir en las decisiones judiciales. Pero sus planes estaban escritos de antemano. Su única meta era la declaración de independencia, que debía estar revestida por un simulacro de referéndum y, a última hora también, por el pretexto de la necesidad de reaccionar al artículo 155.

Elecciones controvertidas 

La respuesta de Mariano Rajoy a la culminación del golpe de Estado ha sido destituir a todo el Govern -lo cual era obligado-, disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Se trata de una decisión audaz y peligrosa que encierra un error de principio. 

A expensas de que el bloque independentista desvele si acepta medirse en unos comicios, la principal objeción que cabe hacerle a este golpe de efecto del Gobierno es que vuelve a darle a los golpistas otra oportunidad en las urnas. De hecho, incluso procesados por rebelión, Puigdemont, Junqueras y Forcadell podrían presentarse a los comicios en busca de la absolución de los votantes.

Muestra de debilidad

Rajoy se equivoca y trivializa la democracia cuando para restituir la legalidad quebrantada en Cataluña, en lugar de desarticular la trama golpista se saca de la chistera una convocatoria electoral. No sólo es una muestra de debilidad -la prueba de que desconfía de su capacidad para tomar el control de la Generalitat-, sino que crea un mal precedente. Y además da la posibilidad a quienes han atentado alevosamente contra nuestra democracia de ganar unas elecciones en las que juegan con cartas marcadas: con unos medios de comunicación y una Administración hecha a su medida. Por lo tanto, no es descabellado que pudieran ganarlas, circunstancia que  agravaría aún más el conflicto.

En favor de la medida cabe apuntar que permite ganar la batalla de la imagen internacional. El propio Puigdemont dijo el jueves que quería ir a elecciones para impedir la intervención de la autonomía. Rajoy deja claro que el 155 sólo estará activo lo que dure la campaña y, por lo tanto, Cataluña estará intervenida apenas dos meses. Por otra parte, el "queremos votar" y la identificación que de urnas y democracia hicieron los separatistas para defender el referéndum del 1-O juega ahora en su contra. 

Ahora bien, muchos españoles van a sentirse defraudados con Rajoy: un golpe de Estado no se resuelve en las urnas. Es verdad que si los constitucionalistas ganan esas elecciones el problema catalán podría atemperarse con el tiempo, pero también que un triunfo de los separatistas legitimaría su causa. Pero, por principio, ni la razón ni la legalidad pueden jugarse a cara o cruz.

Medidas inmediatas.

Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, una vez el Senado había autorizado al Gobierno a emplear el artículo 155 de la Constitución Española, Mariano Rajoy ha anunciado las destituciones de Carlers Puigdemont y de todo el Gobierno catalán en pleno. Para ello, los Ministerios competentes en las materias de cada consellería se encargarán de asumir las funciones necesarias. El Ejecutivo también ha suprimido el Consell de Transició Nacional y otros organismos de la Generalitat como sus oficinas de representación en el extranjero, a excepción de la de Bruselas. El secretario general del Departamento de Interior del Gobierno Catalán y el director general de los Mossos d'Esquadra también han sido cesados.

No más cambalaches

No recuerdo a nadie cuyos hechos se alejen más de lo que dice, como es el caso de Rajoy. Es que le oyes hablar y hasta le aplaudes, oye. Pero luego, de hacer lo que dice, nada de nada; no vaya a ser que se le cabree la oposición. O los nacionalistas.

Pase lo que pase ha quedado claro que ha estado y está dispuesto a aceptar una convocatoria de elecciones, aunque sean "constituyentes", para suspender el 155.

El que sean constituyentes lo pretenderá obviar tal como obvió el referéndum: diciendo que como no es legal, no existe, que se lo ha dicho el PSOE.

Pues mira, robar tampoco es legal y sin embargo estamos rodeados de ladrones. Que ya vale.

Chanchullos bajo cuerda

Demócratas de boquilla

Llevo años defendiendo que la Constitución tendría que haberse reformado hace mucho, pues estaba pensada para la Transición y no hay transición que dure cuarenta años. Pero en absoluto estoy de acuerdo en que se cambie ahora con la excusa de la rebelión catalana y para contentar a los nacionalistas.

Guste o no guste, mientras la Constitución, o cualquier otra ley, esté vigente, hay que acatarla. Mecanismos hay para cambiarla, pero no vale saltarse lo que no gusta sin que democráticamente se haya aceptado por todos.

En cuanto a lo de un "referéndum pactado" para que los catalanes decidan sobre la territorialidad de España, no sólo es ilegal -no porque esté prohibido convocar un referéndum, sino porque no se puede trocear la soberanía del pueblo español sin el consentimiento de todo el pueblo español- sino que es contrario al sentido común y a la historia común, además de insolidario. Y lo que sí es un sinsentido es que durante más de treinta años se esté permitiendo enseñar en diferentes puntos de España una Historia de España a la carta de los diferentes nacionalismos, generando "sentimientos" basados en irrealidades y quimeras contrarios a España.

Yo voté no a esta Constitución por diferentes motivos, entre ellos el que abría la puerta a que se desembocase en lo que ahora ocurre, pero una vez aprobada por la mayoría de los españoles y no sólo por sus representantes, la acaté y defiendo que se acate. Sin desistir de la aspiración de que se cambie lo que no me convence, pero por los procedimientos que esa Constitución dicta para ello. Mientras tanto esa Constitución y sus símbolos son los de todos. Quienes ahora no los respetan no podrán exigir luego, si consiguen cambiarlos democráticamente, que los demás respetemos los que a ellos sí les gusten. Nunca respetaré las ideas que no respeten las mías.

Considero mucho más demócrata a todo el que cumple y acata lo que determina la mayoría, sin estar de acuerdo con ello, que aquel que se salta todo lo que no le gusta por mucho que la mayoría lo haya aprobado. El demócrata acepta el resultado de la mayoría, le guste o no; el que no es demócrata sólo acepta aquello con lo que está de acuerdo, incumpliendo todo aquello otro con lo que no está de acuerdo y despreciando la opinión de la mayoría expresada democráticamente.

El antidemócrata se dice demócrata porque acepta los votos, pero si votan sólo los suyos y los que piensan como él; no lo que vota la mayoría en la que se incluya a todos los que piensen lo que quieran pensar.

Rebeldes y tontos útiles

Supongo que la fiscalía tendrá todo preparado para presentar querella contra Puigdemont si declara la independencia. Eso es lo que sucedería en cualquiera de los países que ayer reafirmaron su apoyo a la legalidad española. Y lo anómalo es que aún no se haya producido pues, con o sin valor jurídico, ya la declaró y luego la suspendió; y todo ello con gente en la calle aclamándolo primero y llorándolo después.

Pues bien, ya hay "periodistas" y "creadores de opinión" que se rasgan las vestiduras diciendo que es increíble que en un Estado Democrático de Derecho se detenga a un Presidente Regional por un delito de rebelíón. Lo increíble sería que en un Estado de Derecho quien se declare en rebelión no fuera detenido y procesado. El que a un político que delinque no se le aplique la ley es lo que no es propio de un Estado Democrático de Derecho.

Estos voceros que así se escandalizan son los mismos que recuerdan y señalan la II República como paradigma de la democracia, la misma República que detuvo y condenó a Companys por rebelión cuando hizo algo que no llegó siquiera a independencia.

Ya vale de imbéciles a los que se les supone con ricas vestiduras y se les aplaude por ellas, cuando en realidad van en pelotas picadas. Hay demasiados tertulianos en televisiones de gran audiencia que serían objeto de burla en cualquier tertulia de café con un mínimo nivel intelectual.

Tenemos Rey.

El Rey de nuevo categórico y firme.

España afronta “un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional, y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas. Dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años”.

Tenemos Jefe del Estado, ya veremos si tenemos Gobierno en el Estado, porque lo que se ha demostrado hasta ahora es una increíble incapacidad para mantener la legalidad en todo el Estado, en parte del cual hay españoles desamparados y cuyos derecho son pisoteados día a día.

"Ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia democrática; ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección, ni en la división -siempre dolorosa y desgarradora- de la sociedad, de las familias y de los amigos; y ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo"

Rajoy debiera de aprender firmeza del Rey y de uno de los premiados, el Presidente del Parlamento Europeo, Tajani, que ha hecho un firme discurso que ya quisiera oírlo en boca del Presidente del Gobierno. 

Cartas de amor y desamor.

Ya no vale repetir que lo habíamos avisado. Ya no vale recordar que en Cataluña se ha dejado hacer mirando para otro lado. De nada sirve ya lamentarse por haber permitido atropellos a la libertad individual y a excesos antidemocráticos e ilegales contra ella. Pero sí vale recordar quienes son los culpables de esta ruptura; más que nada por si se intenta una reconciliación apartar a esos culpables y señalar los errores que no hay que repetir, prohibiéndolos. Que la democracia tiene su precio y la libertad es la de las personas, no de los territorios ni de grupos étnicos o de interés.

En Cataluña la democracia no existe desde hace ya tiempo pero se ha estado disfrazando. Ahora ya no se puede disfrazar y se ha visto claramente. El Parlament ya no sólo no se respeta sino que está inactivo. Se han conculcado todas las reglas y leyes que garantizan la democracia. Y todo ello tapado con una propaganda que presenta todo ello como el súmum de la democracia. Y para ello cuenta con una fuerza política de ámbito nacional. Además de un excelente márketing político de cara a la opinión pública del exterior pagado con nuestro dinero, sin que se haya impedido por quien podía haberlo hecho.

Se dan por supuesto hechos que no son tales, como la "represión" -no se hubiera llegado a este punto si existiera- y el resultado de un "referéndum" que no ha sido tal ni ha sido el que dicen. Los países de nuestro entorno no dan crédito a la dejación y torpeza del Gobierno que ha dejado en evidencia a todas nuestras Instituciones y la ingobernalidad de un Estado fallido.

Hoy se acaba de dar la puntilla con la carta de Puigdemont que dice lo que no dice y no dice lo que dice. Aunque sí recuerda una evidencia: que el Parlament ni proclamó la independencia ni tampco la suspendió, por mucho que el President sí hiciera ambas cosas. Un galimatías que genera una nueva confusión y que seguro que los cobardes Rajoy y Sánchez aprovecharán para retrasar la aplicación del 155, por lo que dudo que hoy se inicie el trámite para ello. La trampa de los independentistas denota una inteligencia de tahúres que ya quisiéramos para el Gobierno de España. Pero lo que sí deja claro esa carta es que hay negociación bajo cuerda y que la situación se va a prolongar con un coste, en todos los sentidos, mayor que el que ya se está pagando.

El Gobierno dirá que Puigdemont no ha respondido lo que se le pedía y que por lo tanto seguirán los trámites para la aplicación del 155. Y los independentistas dirán que el President ha dejado una puerta abierta para el "diálogo". Me suena a paripé para contentar a todos. De momento Rajoy regala dos días, pues no habrá hoy Consejo de Ministros para iniciar el proceso sino que se convoca para el sábado. Aquí todo se hace bajo cuerda; aquello de la transparencia, sólo para los cristales de los vasos del bar del Congreso. Y de cenas secretas.

En definitiva, no me creo nada, excepto que como digo, adiós democracia. Y que aquí, quien tiene la sartén por el mango es Puigdemont, que mantiene su amenaza coaccionando al Gobierno con la amenaza de declarar la independencia por el Parlament si se pone en marcha el 155. Continúa el desprestigio de España y, en consecuencia, la pérdida económica constante y de la confianza inversora.

Chanchullos

Es de vergüenza, pero las negociaciones y chanchullos bajo cuerda avanzan. Y parece que tanto PP como PSOE aceptarían que la cosa quedase en tablas en su cobardía compartida que les hace tener pánico al 155. Se volvería al 5 de septiembre con amnistías de tapadillo y rehabilitación de Artur Mas y su partido, a quien ya se le habría anticipado parte del pago por sus "servicios"; pues no había logrado avales para pagar esos millones que estaba condenado a pagar.

Sin embargo ya ha pagado 2.2 millones de los 5,25 que el Tribunal de Cuentas le impuso como fianza, no se sabe si con dinero de la ANC o de qué forma; poco se habla de ello, pero dicen que es del fondo de resistencia recaudado por dicha asociación. Así que lo que le falta y no se le exige puede que sea ese pago al que me refiero. Digo yo.

En cualquier caso, mañana se iniciaría la tramitación del 155 pero dándole, y dándose, la oportunidad de suspender dicho trámite si Puigdemont convoca elecciones, o sea que, aunque no sea tal, más plazo; una semana. Si las convoca "constituyentes" tras declarar la independencia a lo mejor PP y PSOE aceptan pulpo como animal de compañía y, diciendo que son autonómicas, tragan. Y en cualquier caso, se volverá intentar presentar a quienes no apoyen claramente el dislate como "nacionalistas moderados" y a los otros como "los malos". Lo dicho, chanchullos.

La economía no era lo más importante.

A ver qué dicen ahora esos que aplaudían con las orejas que Rajoy se centrara en la economía diciendo que era lo único importante. Esos mismos que despreciaban los avisos de quienes pedíamos tomar medidas para lo que se venía venir desde que Mas se destapó como independentista. Esos que se jactaban de la mejoría económica que ahora se va por el boquete de un Estado al que no se ha querido proteger.

A ver de qué vale tanto "cuidar" la economía si no impides la inestabilidad e inseguridad jurídica, o si te quedas sin donde aplicarla. Lo importante es España, su estructura, su integridad y su defensa contra agresiones externas o internas. Lo demás es coyuntural.

En Cataluña el Estado ha desaparecido desde hace demasiado y ahora se nota muchísimo más. Esa falta de garantía y seguridad es la que produce el pánico empresarial e inversor. Y de eso no sólo son culpables Puigdemont y cuadrilla.

Los miedosos

El 155 permite hacer todo lo necesario para recuperar la legalidad. Si lo que se pretende es no hacerlo, o hacerlo poquito, mejor quietecitos y rendirse. Esto no es para pusilánimes ni se puede pensar que en una situación como la que se ha permitido se va a poder contentar a todo el mundo. El nacionalismo es un cáncer y aquí se le ha alimentado en vez de extirparlo. Y no creo que estos partidos que han facilitado que se llegue a este punto puedan arreglar nada; mucho menos la Constitución, con la complejidad que ello conlleva.

Por mucho que se intente disimular, estamos ante un Estado inviable e ingobernable. Si no se hace algo contundente, no salimos de ésta. De otro modo esto sería el fin de una era y convendría empezar otra. Convocar elecciones para unas Cortes Constituyentes y que cada cual exponga su visión de lo que debe ser España, no de los caprichos coyunturales para salir del paso y beneficiar políticamente a los suyos. Y luego someterlo al veredicto de los españoles.

Pero antes de eso hay que solucionar esto de alguna forma y una de ellas sería extender ese "queremos votar" a toda España y que se haga un referéndum en el que todos votemos y ejerzamos es "derecho a decidir" sobre si queremos dividir España o la soberanía del pueblo español. Eso acallaría las voces que desde el exterior han "comprado" el victimismo del "queremos votar".

Luego ya sería el momento de construir una constitución que constituya, no una que permita "desconstituir". No sé si eso será la solución, pero sí sé que lo que se pretende ahora no lo es. Sobre todo porque no saben lo que pretenden.

Estado de Idiotez.

Pues va la Vicepresidenta y dice:

"Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución".

Y aquí nadie ha pedido que dimita o que la fiscalía actúe contra ella por complicidad. Así que le está dando facilidades a un delincuente para que se vaya de rositas porque el Gobierno no aplicaría la Constitución si dice lo que le piden que diga.

¿Pero quién es el Gobierno para no aplicar la Constitución? Su deber es todo lo contrario: cumplirla y hacerla cumplir. ¿Cómo se le ofrece a un delincuente el privilegio de no aplicarla? ¿Se le ha ido la pinza al PP en su ansia de agradar a todos esos que piden dialogar con los golpistas?

Tal como está la cosa no sólo habría que aplicar el 155 para suspender la Generalidad, sino el 116, en su apartado de Estado de Idiotez, más que de Excepción o de Sitio, para suspender al Gobierno.

Esto ya es el entierro del sistema y de la democracia si alguien no lo remedia y nos libramos de toda esa caterva de zánganos que se tapan unos a otros para seguir viviendo a nuestra costa repartiéndose lo de todos.

Hay que exigir elecciones ya, y no sólo en Cataluña.

Falaz excusa

Oigo a quienes pasan por ser reputados periodistas decir que no hay motivos para aplicar el art. 155 de la Constitución porque Puigdemont no ha dicho que declarara la Independencia. Es inaudito que se pueda llegar a ocupar tribunas de creadores de opinión con una formación tan precaria.

Pero qué se va a esperar si el discurso del Gobierno también insiste en ello.

El artículo 155 no habla en absoluto de declaración de independencia de ningún tipo sino de incumplimiento de la Constitución y de las leyes, o de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España. Y eso se lleva produciendo ya hace demasiado tiempo. Así que a ver si se habla con propiedad y se planta cara a quien no lo hace.

Carta de Rajoy a Puigdemont

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Madrid, 16 de octubre de 2017

Molt Honorable Sr. D. Carles Puigdemont ¡ Casamajó
President

Generalitat de Catalunya

Palau de la Generalitat

Placa de Sant Jaume, 4

08002 Barcelona

Estimado President:

Lamento profundamente que haya decidido Ud., como Presidente de la Generalitat
y como representante ordinario del Estado en Cataluña, no contestar el
requerimiento remitido el pasado 11 de octubre y, por lo tanto, no aclarar el
extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de
Cataluña.

Esta es una aclaración absolutamente necesaria. No sólo el Gobierno de España,
sino todos los catalanes, tienen derecho a saber con certeza si su declaración del
10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento o la firma posterior de un
documento redactado en términos inequívocos, implican la declaración de
independencia, al margen de que ésta se encuentre o no en vigor.

Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del
citado requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el
derecho requiere. Prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a
aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y
empobrecedor para Cataluña.

Ciertamente, el requerimiento que yo le envié supone el paso previo al
procedimiento establecido en el art. 155 de la Constitución que, en contra de lo
que usted afirma, no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración
de la legalidad en la autonomía. Pero, ante todo, el requerimiento es una
oportunidad para reconducir el grave deterioro de la convivencia que se vive en
Cataluña, para que la Generalitat vuelva a la ley y, a partir de ahí, se recupere la
normalidad institucional entre administraciones. La vuelta de la legalidad, previa
para cualquier diálogo democrático, se refiere al orden constitucional pero también
al Estatuto de Autonomía de Cataluña y sus normas de desarrollo, que han
resultado gravemente lesionados por las actuaciones de su Gobierno en las últimas
semanas.

Asimismo, el requerimiento remitido constituye una llamada a la claridad política,
para que todos los ciudadanos de Cataluña y del resto de España sepan con
certeza cuál es la situación institucional entre la Generalitat de Cataluña y las
Instituciones del Estado. El Presidente de la Generalitat no puede tratar asi a los
ciudadanos en un tema de tanta importancia. Tiene la obligación de explicarles qué
ha pasado y si su voluntad es cumplir 0 no las leyes vigentes.

No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted denomina
"conflicto histórico entre el Estado Español y Cataluña". Nunca en toda su historia
los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía
política y financiera que durante esta etapa democrática. El único conflicto que
existe en este momento en Cataluña es un conflicto de legalidad. Y sólo
poniéndole fin podremos abordar las cuestiones que realmente afectan y
preocupan al conjunto de los catalanes.

No es mi voluntad generar nuevos escenarios de controversia, por lo que no voy a
comentar los supuestos resultados de una consulta que nunca ha sido válida, ni
puedo, como Presidente del Gobierno de España, interceder, ni siquiera valorar, las
actuaciones de otros poderes del Estado. Le recuerdo que todos estamos sujetos
al imperio de la ley y obligados a respetar o acatar las resoluciones de los
tribunales. Esa es nuestra obligación como gobernantes en un régimen
democrático basado en la primacía de la ley y la separación de poderes.

Quiero aprovechar, sin embargo, su referencia a la Unión Europea, para recordarle
que tanto las instituciones comunitarias como los gobiernos de los distintos
estados miembros han expresado con rotundidad su posición contraria a la
independencia y a la ruptura del principio de legalidad. No olvide que el Estado de
Derecho y el imperio de la ley son principios fundacionales de la Unión Europea, asi
como también lo es el respeto a la integridad territorial de los estados que la
conforman.

Las últimas actuaciones adoptadas por usted y su Gobierno están generando una
importante fractura en la sociedad catalana, asi como una enorme incertidumbre
económica que pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos. Le recuerdo que
algunas agencias de calificación ya están planteando la posibilidad de que Cataluña
caiga en recesión si se prolonga esta situación de inestabilidad.

No resultan creíbles sus llamamientos al diálogo en nombre del conjunto de
Cataluña, cuando usted se niega a hablar con una parte importante de dicha
sociedad a través de sus legítimos representantes que, siendo —como usted dice-
menos en número de escaños, representan —como usted oculta- a un mayor
número de ciudadanos en votos. En cualquier caso, le recuerdo que, al margen de
porcentajes, uno de los indicadores que definen la calidad de una democracia es el
respeto a la oposición.

Yo, por mi parte, creo poder hablar en nombre, no solo del Gobierno y del partido
que le apoya, sino también de una gran mayoría de representantes del pueblo
español, como se evidenció en el pleno del Congreso del pasado día 11 de
octubre, que sin duda usted conoce. Allí se confirmó el apoyo a las actuaciones
del Gobierno en defensa de la legalidad. Además, se brindó un espacio
parlamentario para el diálogo entre todas las fuerzas políticas, incluida por
supuesto, la suya. Este marco, que tiene un apoyo mayoritario, es el mejor y el
más eficaz para el diálogo que usted reclama y en él pueden abordarse algunas de
las demandas que usted ha venido planteando y que, como le he explicado todas
las veces que ha querido dialogar conmigo, exceden con mucho mis competencias.
Le invito de nuevo a comparecer ante el Parlamento y trasladar sus demandas a
los legítimos representantes de la soberanía nacional, que son los únicos que
pueden entender de las mismas.

Le recuerdo, una vez más, que aún tiene margen para contestar de forma clara y
sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles. Sigue estando en su
mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el
mundo le está reclamando. En caso contrario, será Usted el único responsable de
la aplicación de la Constitución.


Atentamente,



Mariano Rajoy Brey