Aniquilación

El PP publica una nota acusando al Gobierno de estar detrás de la campaña de aniquilación a la que pone altavoces Prisa.

La nota llega tarde, pues en esa campaña de aniquilación que ahora denuncia el PP, hasta el propio PP ha colaborado. Y lo ha hecho entre otras cosas por no haber denunciado -mucho antes y con toda firmeza- todas y cada una de las irregularidades a las que hacen referencia en su protesta. Pero sobre todo por haber colaborado en algo mucho más grave: en la aniquilación del Estado de Derecho.

Es a éste, al Estado de Derecho, al que se está aniquilando en España, y el PP colabora en ello por acción y por omisión. En la nota se alude a que en un Estado de Derecho no se pueden usar los instrumentos del Estado para aniquilar al principal partido de la oposición, acusando al Ministerio del Interior de hacerlo. Pero no hacen referencia a que esto ya no es un Estado de Derecho y que ese partido de la oposición ha colaborado en que así sea. El PP tuvo mayoría absoluta y pudo dar marcha atrás a la ley que hacía desaparecer de facto la separación de poderes; primero, al no derogar el que una ley recurrida ante el Constitucional pudiera entrar en vigor sin que el Tribunal se pronunciara -este cambio lo impusieron los socialistas en la época de Felipe González-; segundo, por no derogar la ley que permitió colar en el estamento judicial por méritos políticos a quienes no habían superado la oposición a juez, entre quienes se encuentra De la Vega; y tercero, por participar en el reparto político del Poder Judicial; lo que ha terminado con la separación de poderes necesaria para la existencia de un verdadero estado de Derecho.

El acusar ahora al Gobierno de usar los instrumentos que puede usar, gracias a unas leyes que no previeron que el poder pudiera caer en manos de quienes no tienen ética alguna ni empacho en usarlo para su conveniencia, cuando no se ha participado en que dichas leyes impidieran esos abusos, es cuanto menos patético. Las leyes se hacen precisamente para impedir conductas irregulares, y en sí mismas deben de llevar implícita la forma de evitar el abuso de dichas leyes. De lo contrario, son leyes deficientes, y este PP no se ha posicionado claramente contra ello; e incluso ha apoyado nuevas leyes de ese orden por miedo a ser tachado de no colaborar; o sea, por miedo a que le acusen de hacer oposición.

Han sido otros -entre los que me cuento- los que han alertado de este estado de cosas y han pedio insistentemente a la oposición que haga oposición, al tiempo que recibían duros ataques del que debiera ser el principal partido de la oposición. Ha sido el propio PP el que no ha aprovechado en absoluto las oportunidades de desenmascarar al Gobierno y al PSOE, permitiendo que esas ocasiones pasaran a segundo plano al colaborar en que asuntos relacionadas con el PP, sus diferencias intestinas, o sus propios cargos, fueran noticia de portada. La colaboración en muchos de esos momentos de Gallardón ha sido todo un servicio impagable a los medios de Prisa, por poner un ejemplo.

Por lo tanto, me parece absolutamente falto de autoridad moral este PP para quejarse del intento de aniquilación, cuando no lo ha hecho por la aniquilación sistemática del propio Estado de Derecho. Lo que le pasa al PP no es otra cosa que la consecuencia de lo anterior, de su falta de solidez y coherencia, además de por la ausencia de un liderazgo claro. Así que antes de quejarse de que se quiere aniquilar al principal partido de la oposición hay que ser, y hacer, de verdad oposición.