Sobre lo dicho por el Coronel Alamán

El general de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina Agustín Rosety Fernández de Castro ha hecho pública sus reflexiones sobre las declaraciones en AD del coronel Francisco Alamán Castro en carta dirigida al bloguero Manuel Molares do Val. Esta es el texto de la carta del general que Molares ha hecho pública en su blog:

“En relación con las declaraciones del coronel Alamán debo decirle que, como militar retirado, participo de la sensibilidad del citado oficial, aunque no de la postura que, según dice, habría adoptado.

Efectivamente, los Artículos 2º y 8º de la Constitución son preceptos con valor normativo pleno, como el resto de la Carta Magna, pero deben ser interpretados en su contexto.

Alguna vez he discutido este tema en sentido inverso; ante el parecer de algunos partidarios de la eliminación del segundo de ellos, siempre he defendido su concordancia con el Artículo 97; es decir, el 8º representaría el QUÉ, mientras el 97, el CÓMO.

Las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza poliédrica. Una de sus caras es institucional: la que indica el Artículo 8º de la Constitución, que señala su razón de ser al servicio de la Nación y su neutralidad política, al estar vinculadas al Rey como Mando Supremo.

Ahora bien, los actos del monarca, como Rey constitucional, tienen que estar refrendados por el Gobierno.

De ahí, la segunda dimensión de las Fuerzas Armadas: la de Administración Militar, gobernada por el Ministro de Defensa en el marco del departamento del que es titular, en el que se insertan sin confundirse con él.

Aún podría distinguirse un tercer aspecto, de carácter funcional, que hace referencia a las Fuerzas Armadas como instrumento del Estado, como su brazo armado.

En este campo, estrechamente relacionado con la dirección de la guerra, destaca el protagonismo del Presidente del Gobierno, de acuerdo con la legislación en vigor.

Del mismo modo que las Fuerzas Armadas son una realidad compleja, también lo es el status de sus miembros.

Los militares no son funcionarios, o al menos no solamente eso. Los deberes institucionales –que se expresan en el juramento ante la Bandera- vinculan al militar con la Nación hasta el punto de hacerle ofrecer su vida, llegado el caso, en el cumplimiento de su misión.

Es éste un deber moral que difícilmente podría derivarse de una relación de servicios profesionales ordinaria, ni tan siquiera del mismo servicio público.

Profesional -o no, en el caso de los ciudadanos que ejercitan el derecho-deber de prestación del servicio militar, tan sólo suspendido en su obligatoriedad-; funcionario también, en la medida en que desempeña una función pública; ciudadano en armas, en fin, el militar no sirve por la paga, como si de un mercenario se tratase.

Tampoco es, simplemente un empleado público; no es que su relación de servicios le confiera más derechos, sino por el contrario, un deber más riguroso, que se expresa en la profesión de unos valores. Honor, Valor, Lealtad, Patriotismo.

Así los expresaba, en sus comienzos, el texto de las derogadas Reales Ordenanzas. Inútil parece adjetivar de “constitucional” el patriotismo a estas alturas de la Edad Contemporánea. ¿A qué Nación se referiría en otro caso?

La disciplina que, por cierto, no figura entre esos valores, no es sino su consecuencia. Y la recíproca es cierta.

En ausencia de ellos, la disciplina no es sino sumisión, inútil ante la exigencia suprema, llegado el caso.

Disculpe la extensión de mi comentario, pero quería dejar claro los motivos de mi preocupación. La secesión (digamos hipotética) de una parte del territorio nacional sería un supremo atentado contra la Patria, pero también contra la Constitución.

Para resultar legítima, jurídicamente hablando, tendría que reformarse el Título Preliminar, lo que a la postre supondría cambiar de Constitución.

Sólo la Nación es soberana para hacerlo y no cabe la menor duda de que es el pueblo español, en su totalidad, quien tiene la palabra para ello.

Si esas condiciones faltan, nos encontraríamos ante un golpe de Estado y, una vez quebrado el ordenamiento constitucional, se volvería al estado de naturaleza. Quien ha estado en la extinta Yugoslavia, sabe de eso.

Formular declaraciones –como a las que alude- cuando se empuñan las armas y rige la Constitución que la Nación se ha dado es, amén de otras calificaciones que pudieran ser procedentes, una gran imprudencia.

También lo es, sin embargo, interpretar frívolamente el contenido de la Constitución para desvirtuar su espíritu, sobre todo cuando se ostenta el poder conferido por los ciudadanos, o consentir que se juegue con fuego de esta manera.

Esperemos que los españoles no nos apartemos de nuevo del imperio de la ley, garantía de la libertad y atributo fundamental de la democracia”.

La Constitución culpable.

La cada vez mayor desigualdad entre los españoles es consecuencia de dos errores consagrados en la Constitución.

El primer error es la inclusión en la Constitución del abstracto concepto "nacionalidades" recogido en la Ley de Leyes referido a algunas de las regiones españolas para contentar a los nacionalistas. El segundo error es el haber omitido referirse a nuestro idioma común como español y haberlo hecho tan sólo como castellano.

Como consecuencia del primer error las Autonomías han perdido totalmente lo que nos contaron como objetivo de las mismas y la intención inicial de la organización territorial del Estado en dichas Autonomías: el acercar la administración al administrado y el conseguir una mayor unidad y solidaridad potenciando la diversidad. No es cierto, pues las Autonomías han derivado en centros de poder político en permanente disputa con el Estado para hacerse con más competencias y cotas de poder, sin que ello redunde en una mejor gestión o en beneficios para el ciudadano. No favorecen más que a los políticos y cada vez se asemejan más a Taifas con intereses contrapuestos y desde luego absolutamente insolidarios.

La consecuencia del segundo vergonzante error -cometido a sabiendas para no herir susceptibilidades nacionalistas- es más grave que el esperpéntico hecho de que nuestro idioma se llame español en todo el mundo menos en España. Mucho más grave. Ha dado pie a que se esté considerando el español -en la Constitución sólo llamado castellano- como un idioma más y no como el idioma común de todos los españoles. Ahora esa falta de defensa de lo que se creyó que no había que defender constitucionalmente, se está pagando en que ya hay generaciones que no saben desenvolverse correctamente en nuestro idioma común y que son prácticamente analfabetas si salen de su región natal. Hay generaciones en algunas Autonomías a las que se les ha privado del capital que supone un idioma que hablan 400 millones de personas. Y se ha roto la igualdad de los españoles, pues ya no se tienen en la práctica los mismos derechos en todo el territorio nacional dado que hay regiones en donde no se pueden escolarizar a los niños para que cursen sus estudios en español.

El idioma es un puente, un nexo de unión, y si se usa como una diferenciación y como una barrera lo que crea no es unidad. En absoluto. La cerrazón nacionalista no es nueva, es algo conocido de antaño. Pero la Constitución no nos ha protegido de ella; y no sólo eso, sino que la ha potenciado. Además de que yo, por ejemplo, no considero que hablo castellano; hablo español, idioma enriquecido con modismos, giros y palabras no sólo de todas las regiones españolas, sino de los territorios que una vez formaron parte de España y que conservan nuestro común idioma como un inmenso tesoro que nos permite entendernos. El que hablaba castellano era el Cid, y de eso hace ya mucho tiempo.

El objetivo de las Autonomías -y de cada vez más Autonomías- no es otro que la Autonomía total, es decir: la independencia. Ahora se proclama ese objetivo como lo más normal del mundo, con lo que nos encontramos con que vivimos en una Nación y en un Estado que no está definido sino en constante definición. Es un Estado y una Nación en obras permanente. Y es el único del mundo en el que su Constitución permite dicha indefinición constante.

En el asunto idiomático ya se ha llegado al esperpento, pues algunos de los supuestos idiomas que se imponen en algunas de las Autonomías no son otra cosa que inventos recientes, refundaciones y refundiciones de distintos dialectos con nuevos modismos y palabras que no existían en dichos supuestos idiomas. Se llega al tremendo contrasentido de perder el tiempo -y de forma obligatoria- en aprender nuevas lenguas tan sólo para entenderse entre los que ya se entendían en otra más universal. Si alguien no se entiende con alguien es lógico que intente aprender su idioma, no lo es si ya tienen un idioma común en el que se entienden a la perfección.

Una cosa es cuidar una lengua como bien cultural y otra cosa es imponerla. El que en la ONU no se hable Watusi no quiere decir que no se ampare y proteja a dicha lengua para evitar su desaparición. A nadie se le ocurre imponerla como medio de expresión a personas que ya se expresan y entienden en otra mucho más extendida.

Y una cosa es proteger una lengua como bien cultural, y otra el usarla como elemento diferenciador e incluso como excusa para rupturas y pretensiones secesionistas. Así no se une. Ni se progresa.

Un Estado que trocea y se desprende de las competencias en educación y sanidad es un Estado que pierde su razón de ser, pues esas dos cosas son las que dan sentido a la existencia del Estado. Aquí ya se hizo hace tiempo y no pasará mucho para que eso sea lo que produzca la ruptura, pues los sentimientos que hacen la unidad serán sustituidos por los que pretenden trocearla. Y habrá sido el Estado quien lo haya propiciado. Increíble.

Espero y deseo que se recupere la sensatez y se puedan corregir democráticamente esos errores que más que constituir destruyen, pero como demócrata acato lo que está vigente por haber sido aprobado mayoritariamente por los españoles.