El Tribunal Constitucional prepara otra demostración de su propio fracaso y de la incoherencia democrática de su propia existencia. Y la culminación de este disparate va a ser la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.
La poca fiabilidad del Tribunal Constitucional y lo incongruente del hecho de que, a pesar de no formar parte del Poder Judicial, esté por encima de éste, se evidenció ya con la sentencia sobre Rumasa. Aquella sentencia que se logró gracias al voto de calidad del entonces Presidente del Tribunal -que luego se fue de España para no volver, avergonzado pero con el bolsillo lleno- demostró que la propia existencia de un tribunal político que decide sobre las sentencias del más alto Tribunal de Justicia, haciendo que el Poder Político esté por encima del Poder Judicial, es una aberración jurídica y democrática; y para mí fue la sentencia de muerte de dicho Tribunal, corroborada cuando el PSOE de Felipe González aprobó que le admisión de un recurso de inconstitucionalidad no paralizaba la entrada en vigor de la ley recurrida.
A partir de ahí se explican sus diferentes sentencias en donde se intenta dar gusto a todas las partes, algo impensable en una sentencia jurídica. Así tenemos perlas que ejemplifican como se puede decir una cosa y la contraria declarando ambas cosas constitucionales. La sentencia del aborto, por ejemplo, es todo un galimatías que declara constitucional una ley que permite a la madre decidir la muerte de su hijo no nacido al tiempo que declara la vida de éste un bien jurídicamente protegible.
La sentencia en donde se anula la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la candidatura de los etarras de II, es todo un ejemplo de lo que jamás puede ser un Tribunal Político. Pues no es lógico que por decisiones políticas se desautoricen decisiones jurídicas. Eso no es propio de un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional se podrá pronunciar sobre la constitucionalidad o no de las leyes en las que se base el Supremo para sentenciar, pero no sobre la propia sentencia, pues ello es consagrar la inexistencia de la separación de poderes y el sometimiento de todos los poderes al poder político.
Cuando la Constitución planteó la existencia de las Autonomías y regiones, añadiendo lo de nacionalidades en lo que se tomó como un intento de contentar a los nacionalistas, estaba sembrando la semilla de la propia desaparición del Estado. Es la única ley de leyes que cambia el nombre del idioma del Estado que se constituye, pues el español no aparece con dicho nombre sino como castellano, sinónimo que ya no tiene el sentido que tenía sin ir acompañado de español -español o castellano, se ha dicho siempre-, pues el castellano lo hablaba el Cid. El español que se habla en Cádiz, por ejemplo, poco tiene que ver con el que se habla en Valladolid; en ambos sitios se habla español, pero en Valladolid se habla un español castellano que se ha dado en tener como el más correcto, como el paradigma de la lengua española, con lo que cabría decir que el castellano es el español hablado más correctamente. O que los que mejor hablan español son los castellanos; pero no hay que confundir la parte con el todo, cosa que sólo conviene a los nacionalistas empeñados en elevar su dialectos, chapurreos e idiomas -muchos de ellos reinventados-, al mismo nivel que el de una lengua que es la común a todos los españoles y hablada por más de cuatrocientos millones de personas.
Con ello nos hemos convertido en el único país en donde a nuestro idioma común se le llama de otra forma que en el resto del mundo. El inglés que habla nuestro idioma dice que habla español, y en hispanoamérica es la lengua que hablan. Aquí nos lo cargamos para romper la idea de unidad en aras de darle alas a los nacionalismos que buscan, sin esconderse, cargarse el Estado y desgajarlo en varios. A eso se llama fabricar el arma del suicidio, y no otra cosa es hoy la Constitución.
Esta Constitución, hecha por unas Cortes no elegidas para ser constituyentes, fue una Constitución de consenso para una transición democrática de una dictadura a otra cosa, que entonces se decía democracia pero que ha devenido en cualquier cosa menos en democracia. No nació con idea de pervivir sin enmiendas más allá de ocho o diez años, y ya lleva más de treinta. La democracia no es sólo un sistema electoral, en absoluto. Y la última negociación del modelo de financiación autonómica lo ha dejado bien patente.
Contrariamente a quienes dicen que las Autonomías hoy son el máximo poder y que han sometido al Estado, lo que de verdad ha sometido al Estado y a las Autonomías es el poder de los partidos políticos. ¿Porqué digo esto? Pues voy a ver si soy capaz de exponerlo con claridad.
De todos es sabido que esta negociación ha sido una negociación con los políticos catalanes, ni siquiera con la Generalitat, y una vez llegado a un acuerdo con estos se ha hecho que los demás lo acepten por el ordena y mando y no por el consenso. Quien ha llevado la negociación y se ha bajado los pantalones ante ERC para salvar el tripartito y de paso la poltrona en Madrid, ha sido Zapatero, absoluto mandamás del PSOE. Los Presidentes Autonómicos que no estaban de acuerdo con este tipo de apaño que favorece claramente a Cataluña se podrían haber opuesto aduciendo que lo hacían por el interés de sus respectivas Comunidades. Así, podrían conseguir apoyos y su propia reelección al presentarse como defensores de los intereses de los ciudadanos de dichas regiones. Pero eso sólo sucedería si pudieran volver a presentarse como candidatos.
¿Y quién decide si se pueden presentar o no? ¿Quién tiene el poder de hurtar a los ciudadanos la posibilidad de votar por alguien determinado? Efectivamente: el partido político al que pertenecen y, por ende, su Secretario General, en este caso Zapatero. Así que los méritos los deben hacer ante él, ante el todopoderoso, y no ante sus ciudadanos. Y además, tienen que engañar luego a dichos ciudadanos para decirles que su decisión es la que les conviene y que la han tomado por su bien. Y por eso sucede que todos los que protestaban y son del PSOE, han acatado la decisión.
Los que no son del PSOE tienen que coger lo que les dan, que es lo que su jefe de partido les ordena también. Y digo "tienen", pues es su deber coger el dinero aunque no les parezca bien repartido, por mucho que la Vicepresidenta quiera presentar eso como propio de aprovechados, en una demostración más del concepto sectario que tiene del Estado y de su bajísimo y mitinero nivel, que no le permite poner sus miras más allá de la silla, de los intereses de su partido y del suyo propio.
Es la certificación de la muerte de la democracia además de la del Estado de Derecho, con lo que las Instituciones se convierten en instrumentos para dar forma a las excusas necesarias para dar apariencia legal a los caprichos políticos del mandamás de turno, y para que pueda mantenerse en el poder de la manera más cómoda. Los demás tendrán que acatar sus decisiones si no quieren quedarse en la calle y engrosar las listas del paro como el resto de los mortales. Con lo que la casta política (y la sindical ligada a partidos políticos) cada vez se parece más a una corporación con tintes mafiosos que lucha por su propia supervivencia antes que por el interés del pueblo.
Y la culminación de este disparate que parte de la propia Constitución -prolongada en el tiempo sin enmienda alguna que la haya ido adecuando a la realidad y a los cambios de la sociedad que pretende regular- va a ser la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. El propio hecho de que se vaya a pronunciar sobre una ley recurrida pero que está en vigor, gracias a que los propios políticos decidieron que el hecho de que se admita a trámite en dicho Tribunal un proceso de inconstitucionalidad no impide la entrada en vigor de la ley recurrida, es una aberración en sí mismo. De este modo se abre la posibilidad de que se pueda derogar una ley y los derechos que de ella se hayan derivado. Y en este caso ya son tres años.
Así que asistiremos a un juego malabar que, con toda seguridad será un esperpento. Por ello se hará en pleno verano, cuando la gente está alejada de los problemas que les han fastidiado durante todo el año. En la certeza de que casi nadie va a poner el grito en el cielo en vez de seguir en la tumbona esperando el siguiente baño o esa caña con una de gambas que hacen que los problemas se aparquen.
Pero se aparcará al Estado. Y se abrirá más la puerta para su desmembramiento. Y que nadie me llame exagerado, pues exactamente eso es lo que buscan sin disimulo -incluso con alardes- quienes han conseguido que Zapatero se baje los pantalones ante ellos. Lo malo es que se los baja él, pero a quienes van a dar por detrás es a todos nosotros. Y a no tardar mucho.
La poca fiabilidad del Tribunal Constitucional y lo incongruente del hecho de que, a pesar de no formar parte del Poder Judicial, esté por encima de éste, se evidenció ya con la sentencia sobre Rumasa. Aquella sentencia que se logró gracias al voto de calidad del entonces Presidente del Tribunal -que luego se fue de España para no volver, avergonzado pero con el bolsillo lleno- demostró que la propia existencia de un tribunal político que decide sobre las sentencias del más alto Tribunal de Justicia, haciendo que el Poder Político esté por encima del Poder Judicial, es una aberración jurídica y democrática; y para mí fue la sentencia de muerte de dicho Tribunal, corroborada cuando el PSOE de Felipe González aprobó que le admisión de un recurso de inconstitucionalidad no paralizaba la entrada en vigor de la ley recurrida.
A partir de ahí se explican sus diferentes sentencias en donde se intenta dar gusto a todas las partes, algo impensable en una sentencia jurídica. Así tenemos perlas que ejemplifican como se puede decir una cosa y la contraria declarando ambas cosas constitucionales. La sentencia del aborto, por ejemplo, es todo un galimatías que declara constitucional una ley que permite a la madre decidir la muerte de su hijo no nacido al tiempo que declara la vida de éste un bien jurídicamente protegible.
La sentencia en donde se anula la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la candidatura de los etarras de II, es todo un ejemplo de lo que jamás puede ser un Tribunal Político. Pues no es lógico que por decisiones políticas se desautoricen decisiones jurídicas. Eso no es propio de un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional se podrá pronunciar sobre la constitucionalidad o no de las leyes en las que se base el Supremo para sentenciar, pero no sobre la propia sentencia, pues ello es consagrar la inexistencia de la separación de poderes y el sometimiento de todos los poderes al poder político.
Cuando la Constitución planteó la existencia de las Autonomías y regiones, añadiendo lo de nacionalidades en lo que se tomó como un intento de contentar a los nacionalistas, estaba sembrando la semilla de la propia desaparición del Estado. Es la única ley de leyes que cambia el nombre del idioma del Estado que se constituye, pues el español no aparece con dicho nombre sino como castellano, sinónimo que ya no tiene el sentido que tenía sin ir acompañado de español -español o castellano, se ha dicho siempre-, pues el castellano lo hablaba el Cid. El español que se habla en Cádiz, por ejemplo, poco tiene que ver con el que se habla en Valladolid; en ambos sitios se habla español, pero en Valladolid se habla un español castellano que se ha dado en tener como el más correcto, como el paradigma de la lengua española, con lo que cabría decir que el castellano es el español hablado más correctamente. O que los que mejor hablan español son los castellanos; pero no hay que confundir la parte con el todo, cosa que sólo conviene a los nacionalistas empeñados en elevar su dialectos, chapurreos e idiomas -muchos de ellos reinventados-, al mismo nivel que el de una lengua que es la común a todos los españoles y hablada por más de cuatrocientos millones de personas.
Con ello nos hemos convertido en el único país en donde a nuestro idioma común se le llama de otra forma que en el resto del mundo. El inglés que habla nuestro idioma dice que habla español, y en hispanoamérica es la lengua que hablan. Aquí nos lo cargamos para romper la idea de unidad en aras de darle alas a los nacionalismos que buscan, sin esconderse, cargarse el Estado y desgajarlo en varios. A eso se llama fabricar el arma del suicidio, y no otra cosa es hoy la Constitución.
Esta Constitución, hecha por unas Cortes no elegidas para ser constituyentes, fue una Constitución de consenso para una transición democrática de una dictadura a otra cosa, que entonces se decía democracia pero que ha devenido en cualquier cosa menos en democracia. No nació con idea de pervivir sin enmiendas más allá de ocho o diez años, y ya lleva más de treinta. La democracia no es sólo un sistema electoral, en absoluto. Y la última negociación del modelo de financiación autonómica lo ha dejado bien patente.
Contrariamente a quienes dicen que las Autonomías hoy son el máximo poder y que han sometido al Estado, lo que de verdad ha sometido al Estado y a las Autonomías es el poder de los partidos políticos. ¿Porqué digo esto? Pues voy a ver si soy capaz de exponerlo con claridad.
De todos es sabido que esta negociación ha sido una negociación con los políticos catalanes, ni siquiera con la Generalitat, y una vez llegado a un acuerdo con estos se ha hecho que los demás lo acepten por el ordena y mando y no por el consenso. Quien ha llevado la negociación y se ha bajado los pantalones ante ERC para salvar el tripartito y de paso la poltrona en Madrid, ha sido Zapatero, absoluto mandamás del PSOE. Los Presidentes Autonómicos que no estaban de acuerdo con este tipo de apaño que favorece claramente a Cataluña se podrían haber opuesto aduciendo que lo hacían por el interés de sus respectivas Comunidades. Así, podrían conseguir apoyos y su propia reelección al presentarse como defensores de los intereses de los ciudadanos de dichas regiones. Pero eso sólo sucedería si pudieran volver a presentarse como candidatos.
¿Y quién decide si se pueden presentar o no? ¿Quién tiene el poder de hurtar a los ciudadanos la posibilidad de votar por alguien determinado? Efectivamente: el partido político al que pertenecen y, por ende, su Secretario General, en este caso Zapatero. Así que los méritos los deben hacer ante él, ante el todopoderoso, y no ante sus ciudadanos. Y además, tienen que engañar luego a dichos ciudadanos para decirles que su decisión es la que les conviene y que la han tomado por su bien. Y por eso sucede que todos los que protestaban y son del PSOE, han acatado la decisión.
Los que no son del PSOE tienen que coger lo que les dan, que es lo que su jefe de partido les ordena también. Y digo "tienen", pues es su deber coger el dinero aunque no les parezca bien repartido, por mucho que la Vicepresidenta quiera presentar eso como propio de aprovechados, en una demostración más del concepto sectario que tiene del Estado y de su bajísimo y mitinero nivel, que no le permite poner sus miras más allá de la silla, de los intereses de su partido y del suyo propio.
Es la certificación de la muerte de la democracia además de la del Estado de Derecho, con lo que las Instituciones se convierten en instrumentos para dar forma a las excusas necesarias para dar apariencia legal a los caprichos políticos del mandamás de turno, y para que pueda mantenerse en el poder de la manera más cómoda. Los demás tendrán que acatar sus decisiones si no quieren quedarse en la calle y engrosar las listas del paro como el resto de los mortales. Con lo que la casta política (y la sindical ligada a partidos políticos) cada vez se parece más a una corporación con tintes mafiosos que lucha por su propia supervivencia antes que por el interés del pueblo.
Y la culminación de este disparate que parte de la propia Constitución -prolongada en el tiempo sin enmienda alguna que la haya ido adecuando a la realidad y a los cambios de la sociedad que pretende regular- va a ser la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. El propio hecho de que se vaya a pronunciar sobre una ley recurrida pero que está en vigor, gracias a que los propios políticos decidieron que el hecho de que se admita a trámite en dicho Tribunal un proceso de inconstitucionalidad no impide la entrada en vigor de la ley recurrida, es una aberración en sí mismo. De este modo se abre la posibilidad de que se pueda derogar una ley y los derechos que de ella se hayan derivado. Y en este caso ya son tres años.
Así que asistiremos a un juego malabar que, con toda seguridad será un esperpento. Por ello se hará en pleno verano, cuando la gente está alejada de los problemas que les han fastidiado durante todo el año. En la certeza de que casi nadie va a poner el grito en el cielo en vez de seguir en la tumbona esperando el siguiente baño o esa caña con una de gambas que hacen que los problemas se aparquen.
Pero se aparcará al Estado. Y se abrirá más la puerta para su desmembramiento. Y que nadie me llame exagerado, pues exactamente eso es lo que buscan sin disimulo -incluso con alardes- quienes han conseguido que Zapatero se baje los pantalones ante ellos. Lo malo es que se los baja él, pero a quienes van a dar por detrás es a todos nosotros. Y a no tardar mucho.
