Sánchez parece estar cada vez más con el golpe, como sus socios. En breve dirá que lo del 1-O fue un referéndum válido.
Lo que digan los Tribunales, y mucho más el Supremo, está por encima de lo que digan los políticos. Nadie está por encima de la ley por muy mal hechas que estén las leyes. Ya sabemos que quien hace la ley hace la trampa. Y son los políticos quienes hacen las leyes. Pero aún así lo que diga el Supremo obliga a todos y crea jurisprudencia.
Cierto que el Supremo no ha juzgado ni sentenciado si Torra sigue siendo Presidente de la Generalidad, pero cuanto menos de su resolución cabe dudar de su legitimidad. Algo que debiera, al menos suspender esa reunión "bilateral", a no ser que se trate de una ilegitimidad compartida.
Sánchez está incumpliendo su deber y la promesa hecha al asumir el cargo. No sólo debe cumplir la ley, es que debe hacerla cumplir. Y el Parlamento y los Tribunales debieran tener un mecanismo para inhabilitarlo si traiciona su promesa y su deber. Quizás por eso sigue reconociendo a Torra, para curarse en salud por si le pasa a él algo similar. Si es cierto que aún no ha cometido una ilegalidad, está claro que está comprometiendo gravemente su legitimidad.
Recuerdo lo escrito por Francisco Garrido hace once años en "Paralelo 36 Andalucía":
«La distinción entre “legalidad “ y legitimidad” es una diferencia esencial en un Estado democrático de Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La legitimidad forma parte del orden de la política (discrecionalidad dentro de la legalidad) y de la ética pública (fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones). Mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta.Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario. El mantenimiento de esta frontera es una de las tareas más precisas y delicadas de todo sistema político democrático.»
Aunque eso de la ética no parece ser preocupación de Sánchez ni de quienes votaron a los que le sostienen en su puesto. Legalmente, sí, pero con cada vez más visos de ilegitimidad.
