viernes, 2 de septiembre de 2005

Digo digo, digo digo

No se aclaran. Primero dicen una cosa y luego la contraria para, a renglón seguido, vorver a decir lo opuesto. Estaría divertido si se tratara de un programa de opinión, de una tertulia televisiva o de una actuación de payasos de circo. Pero lo malo es que se trata de los miembros del Gobierno de España y de sus opiniones que, supuestamente, deben de convertir en acción de gobierno. Transmiten de todo menos tranquilidad y confianza. Da la impresión de que estamos en manos de incompetentes improvisadores. Veamos:

La ministra Sra. Narbona -la incombustible- asegura que las grandes ciudades tienen garantizado el suministro de agua para, a los dos días, desmentirse y decir que, de no llover, Madrid tendrá restricciones en octubre. Para rematar la faena le echa la culpa a Esperanza Aguirre no sé si de la sequía o de que las paellas se quemen, pero que le ha echado la culpa, éso es seguro. Pero la cosa no acaba aquí, porque ahora va e interviene la Vicepresidenta Fdez. de la Vega y desmiente a la ministra garantizando que Madrid no tendrá que soportar restricciones en el suministro de agua. Pero éso no importa, lo que importa es que se le ha dado un palo mediático al PP y algo quedará. Aunque sea mentira.

Para seguir con la sarta de sandeces y bandazos fijémonos en la solución propuesta para enjugar el déficit sanitario. A pesar de que cuando el PP propuso el llamado céntimo sanitario -un impuesto directo sobre las gasolinas para ayudar a sufragar los gastos de la Sanidad, gestionada por las C.C.A.A- Zapatero puso el grito en el cielo y lo tachó de injusto, de impuesto sacado de la manga y hasta propuso que se boicoteara; a pesar de ello, decía, proponen no sólo lo mismo pero en mayor cuantía, sino además cargar el alcohol, el tabaco y la luz. ¡Toma castaña! Pero claro, como en las autonomías se ve que aún quedan socialistas con sentido común pues van y dicen que nones. Pues nada, ahí está otra vez la Vicepresidenta al quite y, después de defender las bonanzas de la propuesta -que según ella beneficiará a los fumadores y bebedores porque así fumarán y beberán menos- va y dice que si no lo quieren, el gobierno no lo va a imponer -ésto sí que es novedoso después de saltarse a la torera la opinión y los cientos de miles de firmas de los que estaban contra el cambio del derecho matrimonial- pero que de todas formas está intentando solucionar un problema que no es suyo sino de las Comunidades Autónomas. ¿...?

Ésto último no sólo evidencia lo ya apuntado, sino que descubre algo muchísimo más grave: la cada vez más creciente ingobernabilidad de España y la visión sectorial y enfrentada de las diferentes administraciones. Se supone que el Estado, esté estructurado como esté estructurado, debe garantizar la igualdad de los ciudadanos -a los habitantes de los pueblos, pedanías y demás también se les llama ciudadanos aunque no hayan estado en una ciudad en su vida ni les apetezca lo más mínimo- o sea que si hay un problema que afecte a los contribuyentes -en éste caso caso también afecta a los que no lo son, puesto que la sanidad es gratuita para cualquier inmigrante que se cuele por nuestras fronteras, pero éso es otro cantar- es un problema que es al Estado a quien corresponde solucionar y el máximo responsable del mismo es el Gobierno.
Si el problema se ha originado por la mala gestión, el gasto desmesurado o cualquier otra competencia mal llevada de las C.C.A.A., es al gobierno a quien corresponde tomar medidas correctoras y proponer leyes que salvaguarden al ciudadano y a sus derechos de los posibles errores. Si lo que produce ésa situación es un problema estructural, habrá que proponer soluciones estructurales que pueden incluso pasar por recortes competenciales a las C.C.A.A. -no olvidemos que las C.C.A.A. nacen con el objetivo de acercar la administración al administrado, agilizar los trámites, mejorar nuestra calidad de vida y no sé cuantas promesas más que aún siguen esgrimiéndose para pedir más competencias- aunque los políticos autonómicos pondrán el grito en el cielo y pedirán más competencias para, según ellos, solucionar el problema. No me parece lógico seguir en la dinámica de ampliar competencias a las C.C.A.A. y mucho menos "avanzar" en el desarrollo de los estatutos -eufemismo usado para ocultar el avance hacia la secesión en casi todos los casos- cuando aún está por ver si el modelo actual es viable, rentable y gobernable. En definitiva, si beneficia o perjudica los intereses de los ciudadanos.

Un poquito de por favor, señores..., digo; de seriedad.