Después del bochornoso espectáculo de la retirada de la acusación a Otegi para que no fuera juzgado, ahora quieren más: no quieren el juicio del "ácido Bórico"
Y para ello se amparan en que si la fiscalía no acusa, no vale la acusación particular para que se celebre un juicio. O lo que es lo mismo: como el fiscal no va a acusar a quienes el gobierno no quiere ver en el banquillo, pues impunidad. Increíble pero cierto.
Claro que lo presentan como algo técnico jurídico, igual que lo de la rendición a ETA, pero la verdad es que quieren imponer la impunidad de aquellos que el Gobierno quiera impunes y acabar con la igualdad ante la ley. Según dicha teoría socialista/jurídica, si el fiscal no acusa, no hay otro medio de procesar a alguien haya hecho lo que haya hecho. Adiós justicia y adiós acusación pública. La fiscalía pasaría así a ser un órgano eminentemente político con control sobre el Poder Judicial del Estado, lo que certificaría la muerte del Estado de Derecho democrático.
Y lo intentan hacer sin ningún pudor, ahora para evitar que la cúpula de la policía científica sea juzgada por falsedad documental y falsificación de documentos públicos. Es la privacidad de lo público. Lo público pasaría así a ser propiedad del gobierno y no de la sociedad. Además de instaurar la total impunidad jurídica de quienes el Gobierno decida. Tiranía pura y dura.
La Fiscalía ya intentó que se archivara la causa y por ello no presentó acusación. Pero sí había acusación popular. las de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y Manos Limpias.
Ahora, la defensa, basándose en lo acontecido con Otegi, alega que sin acusación del fiscal no se puede sentar en el banquillo a sus clientes, a pesar de que la juez Gallego ya se pronunció sobre este asunto el miércoles, en un auto en el que dictaba la apertura de juicio oral, que en el articulado del Código Penal que regula el Procedimiento Abreviado no hay "ningún precepto legal que recoja expresamente la imposibilidad del juez instructor de abrir juicio oral sólo a instancias de la acusación popular". Además, añadía que "no es insólito que la acción penal se ejerza exclusivamente por el acusado particular y no por el Ministerio Fiscal, si éste estima que no procede su ejercicio".
En su auto, replicaba a la Fiscalía que "resulta indiscutido que en nuestro sistema procesal no existe el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público" y agregaba que en este caso se debe proceder a la apertura de juicio oral, "otorgando eficacia a los escritos de acusación de la acción popular presentados en la causa", en referencia a los de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y Manos Limpias.
Si esta postura de la juez no prosperara, estaríamos asistiendo al fin del principio de igualdad ante la ley, y de la Justicia en España.
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