Males de una Justicia enferma.

La Justicia en España, cada vez se aleja más de la independencia que debe de tener del Poder Político en un Estado de Derecho.

Unas declaraciones que ponen en evidencia a la Fiscalía del 11-M

La segunda entrega de las declaraciones de Rosa, la viuda de Jamal Ahmidan El Chino, suscita importantes interrogantes sobre la actuación de la fiscal Olga Sánchez en la investigación y el juicio del 11-M. Durante su comparecencia como testigo protegido en la vista, la propia Olga Sánchez le preguntó si había hablado con su esposo el 3 de abril, cuando fue localizado en Leganés, y la viuda contestó que no. La fiscal sabía que no decía la verdad, entre otras razones, porque ella había declarado lo contrario al juez Del Olmo, pero dio por finalizado su interrogatorio sin insistir sobre esta importante cuestión. La actitud de la fiscal revela un nulo interés por esclarecer lo sucedido. Pero todavía resultan más reveladoras las palabras de la viuda de El Chino cuando afirma: «un miembro de la acusación me dijo cómo declarar en el juicio del 11-M».

Esa persona le recomendó que contestara «no me acuerdo» cuando tuviera dudas. La misma persona le garantizó que no tenía que preocuparse del interrogatorio en el juicio porque «no me iban a machacar», según la expresión de Rosa. Ella se niega a precisar a quién se refiere, pero la lógica apunta de nuevo a la Fiscalía. No es posible acusar de coacción o amenazas a ese integrante del Ministerio Público, aunque está expresamente prohibido por la ley aleccionar a un testigo. En este caso, la viuda de El Chino tenía razones para sentirse condicionada, ya que era una testigo protegida y, por ello, su futuro bienestar dependía de la Fiscalía. Lo que demuestra este episodio es la actitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a lo largo de toda la investigación, en la que su único objetivo era corroborar la versión que le interesaba al Gobierno.

Infracción legal sin castigo

El servicio de inspección del Poder Judicial ha decidido archivar la información abierta por el manifiesto que suscribieron más de un centenar de jueces -Gómez Bermúdez entre ellos- en campaña electoral en el que se calificaban de «envilecedoras» algunas de las propuestas del programa del PP. Sin embargo, el informe de la inspección asegura que los firmantes infringieron el artículo 395.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les prohíbe tomar partido ante las elecciones, a pesar de lo cual archiva la investigación porque la conducta de los jueces «carece de respuesta disciplinaria en nuestro marco legal». El episodio ha puesto de manifiesto una evidente laguna que permite que los jueces infrinjan una prohibición legal sin tener que hacer frente a la correspondiente sanción disciplinaria. Es necesaria una reforma legal para que este tipo de conductas no queden sin castigo.

Nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera los jueces.