Una huelga salvaje y un Gobierno incapaz.

Esta huelga ha perdido el norte -y los huelguistas la razón que tenían para iniciarla- por culpa de la salvaje actuación de los piquetes que la han convertido en una coacción y una agresión, no sólo a los que no quieren secundarla, sino a toda la sociedad.

La regulación de la actuación de los piquetes, que algunos piden, en realidad no es necesaria para que el gobierno pueda actuar con contundencia contra ellos. El Código Penal cataloga como delito dicha actuación coercitiva, por lo que el Gobierno podría actuar con mucho más contundencia para asegurar la seguridad de las personas -ya hay un muerto y un herido grave- y el abastecimiento de los ciudadanos. Y eso tan sólo basándose en ese artículo del CP.

Código Penal. Artículo 315.

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

Pero es que además, esta huelga está atentando contra el derecho al trabajo de trabajadores de otros sectores y hasta contra el sustento de las familias españolas, por lo que se podrían poner en marcha, conforme a la ley, medidas mucho más drásticas para salvaguardar el interés general. Y mucho más cuando dicha huelga tan sólo está respaldada por un 20% del sector del transporte. El resto la secunda por la fuerza o por el bloqueo de bienes públicos, como son las carreteras, accesos a polígonos industriales e incluso a empresas.

El eufemismo que los medios de comunicación siguen usando al llamar "piquetes informativos" a lo que no son otra cosa que piquetes coercitivos -que lo único de lo que informan es de que quien no les secunde se jugará su físico y sus bienes-, no ayuda en nada a la necesaria posición de fuerza que habría que adoptar. La decisión de las patronales en huelga de abandonar ayer las negociaciones como protesta por la muerte de un piquete, de la que ellos solos son los responsables, ya da la medida de la sinrazón del conflicto. Esta actitud anula la posible legitimidad inicial de sus reivindicaciones.

El Gobierno está lento en encontrar soluciones, pero no debe de estar en absoluto lento para aplicar la ley, y con contundencia, contra aquellos que están atentando contra el bienestar y las necesidades de los ciudadanos.

Ello no debiera de ser obstáculo para corregir la ley y darle al derecho de huelga el rango que le corresponde, que no puede ser igual que el del derecho sin el cual no podría existir: el derecho al trabajo. Este último siempre debiera prevalecer sobre aquel.