Rosa Díez se queda sola al pedir que las competencias de Educación retornen al Estado.
Ahora ya lo tengo más claro: el PP está por este nuevo régimen que se nos viene junto a PSOE y nacionalistas. Por eso está en lo de la inmersión lingüística y contra el derecho de los padres a elegir el idioma vehicular en la enseñanza de sus hijos. Todo lo demás son alharacas, incluida la soledad en el propio seno del partido de los peperos vascos que exigen el derecho a la enseñanza en español.
El Congreso en pleno votó en contra de la resolución presentada por Rosa Díez. Se pedía la devolución al Estado de las competencias en educación para acabar con el caos que supone la existencia de 17 sistemas de enseñanza y el que no se pueda elegir libremente el idioma en el que estudian los niños. El efecto de todo esto no es otro que el fracaso escolar y el ínfimo nivel de formación con el que terminan la enseñanza. Hemos llegado al punto de que muchos licenciados universitarios no saben ni ortografía ni sintaxis, además de no saber expresarse correctamente en español. Ya hay problemas para que proyectos universitarios de investigación cuenten entres sus participantes con licenciados de distintas regiones.
No puede existir un Estado en el que se estudian diecisiete versiones de su propia historia, algunas de ellas incluso presentando a España como una imposición por la fuerza, cuando no como enemiga. La imposición de idiomas inventados y que a lo largo de la historia no se han impuesto simplemente por no cumplir adecuadamente con lo que debe ser un idioma: un vehículo de comunicación y de transmisión de ideas y sentimientos, no ayuda a esa igualdad consagrada constitucionalmente.
Está bien preservar el respeto a las lenguas vernáculas y proteger su estudio, pero ello no puede pasar por su imposición; y mucho menos a aquellos que no las tienen como lenguas maternas. Y si además se trata de idiomas reinventados, la cosa ya es ridícula. Pero si los padres quieren hacer ese flaco favor a sus hijos y cortarles sus posibilidades futuras, allá ellos; pero que lo escojan libremente, no que se les imponga. La igualdad de los españoles no se puede garantizar si dependiendo de en donde se resida se obliga a estudiar en idioma distinto al español, el idioma común a todos los españoles, y el único que la Constitución considera obligatorio conocer. Aunque en la redacción de la propia Constitución se le llama castellano y no español, para abrir la puerta que ya está abierta y ponerlo en plano de igualdad a los demás idiomas regionales. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Lo del idioma no tendría tanta importancia, siendo ésta mucha pues de la libertad hablamos, si no estuviera agravado por el hecho de que se usa como elemento diferenciador para dividir, y para reivindicar una nacionalidad cuyo objetivo es tener Estado propio. En esa diferencia se basan los diferentes nacionalistas para inventarse una Historia paralela y diferente a la común, y para crear sentimientos victimistas cuando no de odio a lo español.
Sin una enseñanza que cree la conciencia de un proyecto común y de orgullo de pertenecer a España, ésta será inviable. La enseñanza es la base misma de la sociedad, de la convivencia y de la economía. Esa base está dividida, por lo que nada estará unido.
Como curiosidad, esta resolución sí contó con el voto de la Vicepresidenta De la Vega, que para ratificar su dominio de las tecnologías, se equivocó al votar. Clamoroso.
Ahora ya lo tengo más claro: el PP está por este nuevo régimen que se nos viene junto a PSOE y nacionalistas. Por eso está en lo de la inmersión lingüística y contra el derecho de los padres a elegir el idioma vehicular en la enseñanza de sus hijos. Todo lo demás son alharacas, incluida la soledad en el propio seno del partido de los peperos vascos que exigen el derecho a la enseñanza en español.
El Congreso en pleno votó en contra de la resolución presentada por Rosa Díez. Se pedía la devolución al Estado de las competencias en educación para acabar con el caos que supone la existencia de 17 sistemas de enseñanza y el que no se pueda elegir libremente el idioma en el que estudian los niños. El efecto de todo esto no es otro que el fracaso escolar y el ínfimo nivel de formación con el que terminan la enseñanza. Hemos llegado al punto de que muchos licenciados universitarios no saben ni ortografía ni sintaxis, además de no saber expresarse correctamente en español. Ya hay problemas para que proyectos universitarios de investigación cuenten entres sus participantes con licenciados de distintas regiones.
No puede existir un Estado en el que se estudian diecisiete versiones de su propia historia, algunas de ellas incluso presentando a España como una imposición por la fuerza, cuando no como enemiga. La imposición de idiomas inventados y que a lo largo de la historia no se han impuesto simplemente por no cumplir adecuadamente con lo que debe ser un idioma: un vehículo de comunicación y de transmisión de ideas y sentimientos, no ayuda a esa igualdad consagrada constitucionalmente.
Está bien preservar el respeto a las lenguas vernáculas y proteger su estudio, pero ello no puede pasar por su imposición; y mucho menos a aquellos que no las tienen como lenguas maternas. Y si además se trata de idiomas reinventados, la cosa ya es ridícula. Pero si los padres quieren hacer ese flaco favor a sus hijos y cortarles sus posibilidades futuras, allá ellos; pero que lo escojan libremente, no que se les imponga. La igualdad de los españoles no se puede garantizar si dependiendo de en donde se resida se obliga a estudiar en idioma distinto al español, el idioma común a todos los españoles, y el único que la Constitución considera obligatorio conocer. Aunque en la redacción de la propia Constitución se le llama castellano y no español, para abrir la puerta que ya está abierta y ponerlo en plano de igualdad a los demás idiomas regionales. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Lo del idioma no tendría tanta importancia, siendo ésta mucha pues de la libertad hablamos, si no estuviera agravado por el hecho de que se usa como elemento diferenciador para dividir, y para reivindicar una nacionalidad cuyo objetivo es tener Estado propio. En esa diferencia se basan los diferentes nacionalistas para inventarse una Historia paralela y diferente a la común, y para crear sentimientos victimistas cuando no de odio a lo español.
Sin una enseñanza que cree la conciencia de un proyecto común y de orgullo de pertenecer a España, ésta será inviable. La enseñanza es la base misma de la sociedad, de la convivencia y de la economía. Esa base está dividida, por lo que nada estará unido.
Como curiosidad, esta resolución sí contó con el voto de la Vicepresidenta De la Vega, que para ratificar su dominio de las tecnologías, se equivocó al votar. Clamoroso.
