La devolución de la tarjeta sanitaria a los irregulares costaría unos 1.000 millones al año
Por no hablar de lo que supondría para el ciudadano el aumento de las listas de espera y los seguros recortes en determinadas especialidades médicas consideradas de menor necesidad, pero a las que ahora tenemos derecho.
O lo que es lo mismo, la caridad de los políticos hecha con nuestro dinero nos despojaría de derechos a nosotros, por usar el lenguaje que usan quienes pretenden convertirnos en el hospital mundial gratuito.
Estos repiten mantras como las de que se deja morir a irregulares o que no se les atiende si tienen un cáncer avanzado, cuando es mentira. Actualmente los sin papeles pueden ser atendidos en urgencias, maternidad y atención infantil hasta los 18 años y Sanidad se compromete a atender a los pacientes con enfermedades crónicas o graves.
Mucho más grave me parece la discriminación sanitaria que se hace a los parados de larga duración que han perdido el subsidio y a los que se les retira la tarjeta sanitaria y se les sustituye por otra con menos prestaciones. Si bien es cierto que en la práctica no se aplica la reducción de prestaciones, pero no se hace porque ni los administrativos sanitarios ni los sanitarios mismos quieren aplicar esa norma. Pero existir, existe.
Tampoco se les paga la asistencia a los españoles residentes en países con los que no tenemos convenio, por lo que se ven obligados a pagarse un seguro de sus bolsillos. Mientras aquí se pretende dar a todo el mundo sanidad gratuita, esos españoles tienen que pagarse la suya. Así que primero los de casa.
Y no olvidemos que hablamos de quienes están en España de forma irregular y que tendrían que ser expulsados según la legislación existente. Es lo que hace cualquier país de nuestro entorno. Por lo que habría que poner en conocimiento del Ministerio del Interior esa situación al mismo tiempo que se les atiende, con o sin tarjeta, para que se les pueda aplicar la ley.
Efectivamente, pues a los 500 millones estimados para atender a los irregulares habría que sumar los otros 500 que costaría darle el mismo servicio a los europeos residentes, Pues Europa nos obligaría a no hacer distinciones por nacionalidad. Con lo que esos europeos que ahora utilizan las suyas que permiten que sus países nos reembolsen el coste de su asistencia, pasarían a tener la nuestra que les ofrece todo gratuitamente y sin que nadie tenga que reembolsarnos nada.
Por no hablar de lo que supondría para el ciudadano el aumento de las listas de espera y los seguros recortes en determinadas especialidades médicas consideradas de menor necesidad, pero a las que ahora tenemos derecho.
O lo que es lo mismo, la caridad de los políticos hecha con nuestro dinero nos despojaría de derechos a nosotros, por usar el lenguaje que usan quienes pretenden convertirnos en el hospital mundial gratuito.
Estos repiten mantras como las de que se deja morir a irregulares o que no se les atiende si tienen un cáncer avanzado, cuando es mentira. Actualmente los sin papeles pueden ser atendidos en urgencias, maternidad y atención infantil hasta los 18 años y Sanidad se compromete a atender a los pacientes con enfermedades crónicas o graves.
Mucho más grave me parece la discriminación sanitaria que se hace a los parados de larga duración que han perdido el subsidio y a los que se les retira la tarjeta sanitaria y se les sustituye por otra con menos prestaciones. Si bien es cierto que en la práctica no se aplica la reducción de prestaciones, pero no se hace porque ni los administrativos sanitarios ni los sanitarios mismos quieren aplicar esa norma. Pero existir, existe.
Tampoco se les paga la asistencia a los españoles residentes en países con los que no tenemos convenio, por lo que se ven obligados a pagarse un seguro de sus bolsillos. Mientras aquí se pretende dar a todo el mundo sanidad gratuita, esos españoles tienen que pagarse la suya. Así que primero los de casa.
Y no olvidemos que hablamos de quienes están en España de forma irregular y que tendrían que ser expulsados según la legislación existente. Es lo que hace cualquier país de nuestro entorno. Por lo que habría que poner en conocimiento del Ministerio del Interior esa situación al mismo tiempo que se les atiende, con o sin tarjeta, para que se les pueda aplicar la ley.
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