El PP presenta una proposición de ley urgente para darle al Tribunal Constitucional poder sancionador.
Quieren trasladar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de multar o suspender a Mas si incumple sus sentencias.
Pero eso ya parece que es potestad del Gobierno, que es quien tiene que hacer cumplir las sentencias de los tribunales. No sé si esto no es más que un intento de descargar sus responsabilidades en otros para no verse obligados a tomar medidas que no se atreven a tomar.
Confieso que cuanto más vueltas le doy, menos me gusta. Darle a un Tribunal político capacidad sancionadora y cuasi ejecutora.., ¡cuidado! Ya se tomó en su momento la atribución de Tribunal de Casación del Supremo -sin serlo- y ahí tenemos a Bildu en las Instituciones como resultado.
El Gobierno ya tiene las atribuciones necesarias para tomar medidas contra quienes se nieguen a acatar las sentencias judiciales y las del TC, aunque hemos podido comprobar como no ha querido hacerlo en determinados casos, en Cataluña en ningún caso. Y no ha sido este el único Gobierno en no hacerlo, han sido todos.
No me gusta, repito. Aunque ahora pueda venir bien para la movida catalana, no parece que legislar corriendo y deprisa dependiendo de las coyunturas políticas, cuando se ha tenido tiempo suficiente para hacerlo meditadamente, sea lo más adecuado.
Además de que se da la impresión de que hasta ahora no había procedimientos para hacer cumplir las sentencias del Constitucional, cosa a todas luces falsa. Lo que no había era determinación para hacerlo.
Y ahora parece que, como no hay intención por parte del Gobierno de tomar medidas contra la Generalidad ni contra ninguno de los sediciosos, se hace esta maniobra para que dicho gobierno se esconda debajo de las faldas del Constitucional para seguir sin hacer nada. Y como ese mensaje llegará a esos secesionistas, no es de extrañar que se crezcan y aceleren el procés.
Repito, hay recursos sobrados para que el Gobierno, usando la Fiscalía u otras Instituciones, haga frente al desafío catalán o a cualquier otro; sólo hace falta voluntad y valentía para usar esos recursos y tomar medidas ejecutivas. Luego, el Tribunal Constitucional ya juzgará si dichas medidas son constitucionales en el supuesto de que los perjudicados las recurran o no.
Quieren trasladar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de multar o suspender a Mas si incumple sus sentencias.
Pero eso ya parece que es potestad del Gobierno, que es quien tiene que hacer cumplir las sentencias de los tribunales. No sé si esto no es más que un intento de descargar sus responsabilidades en otros para no verse obligados a tomar medidas que no se atreven a tomar.
Confieso que cuanto más vueltas le doy, menos me gusta. Darle a un Tribunal político capacidad sancionadora y cuasi ejecutora.., ¡cuidado! Ya se tomó en su momento la atribución de Tribunal de Casación del Supremo -sin serlo- y ahí tenemos a Bildu en las Instituciones como resultado.
El Gobierno ya tiene las atribuciones necesarias para tomar medidas contra quienes se nieguen a acatar las sentencias judiciales y las del TC, aunque hemos podido comprobar como no ha querido hacerlo en determinados casos, en Cataluña en ningún caso. Y no ha sido este el único Gobierno en no hacerlo, han sido todos.
No me gusta, repito. Aunque ahora pueda venir bien para la movida catalana, no parece que legislar corriendo y deprisa dependiendo de las coyunturas políticas, cuando se ha tenido tiempo suficiente para hacerlo meditadamente, sea lo más adecuado.
Además de que se da la impresión de que hasta ahora no había procedimientos para hacer cumplir las sentencias del Constitucional, cosa a todas luces falsa. Lo que no había era determinación para hacerlo.
Y ahora parece que, como no hay intención por parte del Gobierno de tomar medidas contra la Generalidad ni contra ninguno de los sediciosos, se hace esta maniobra para que dicho gobierno se esconda debajo de las faldas del Constitucional para seguir sin hacer nada. Y como ese mensaje llegará a esos secesionistas, no es de extrañar que se crezcan y aceleren el procés.
Repito, hay recursos sobrados para que el Gobierno, usando la Fiscalía u otras Instituciones, haga frente al desafío catalán o a cualquier otro; sólo hace falta voluntad y valentía para usar esos recursos y tomar medidas ejecutivas. Luego, el Tribunal Constitucional ya juzgará si dichas medidas son constitucionales en el supuesto de que los perjudicados las recurran o no.
