Por otra parte, las actuaciones de la Guardia Civil y Policía cumplen escrupulosamente los procedimientos y órdenes judiciales. Se podrá estar o no de acuerdo en su conveniencia política pero en absoluto se puede hablar de acciones ilícitas, ilegítimas o antidemocráticas. Se detiene a quienes incumplen la ley tras ser apercibidos sobradamente de ello. Ni tampoco se puede hablar de Estado de Excepción pues no se ha declarado. De declararse también estaríamos ante una medida contemplada en nuestra Constitución y por tanto legal y democrática. Ya está bien de prestar oídos a agitadores profesionales que pretenden agitar las aguas para pescar en ellas, importándoles muy poco si se manchan o no de sangre.
Esto último es lo que están buscando desesperadamente los insurrectos para victimizar su causa. Para ello están utilizando el derecho de manifestación y protesta, de momento pacífico, pero puede usarse para provocar algún enfrentamiento serio. Por otra parte, no me extrañaría en absoluto que sus irresponsables dirigentes decidieran unilateralmente la declaración de independencia si no son destituídos antes. Esto se les ha ido de las manos -no se esperaban esta contundente reacción- y no les queda más que la huida hacia delante. Recular e intentar el diálogo ya sería tomado por la turba como rendición. Es tarde para jugar con fuego.
Pero me temo que habrá quienes, en vez de asumir sus responsabilidades de Estado, jueguen con fuego, con su propio partido y con España. Y me refiero al PSOE y a determinados sindicatos políticos que no querrán quedarse invisibles ante este desafío al Estado. Y les dará igual estar al lado de quienes pretenden dinamitar el Estado con tal de salir en las fotos.
La imagen de Tardá intentando que todo transcurra cívica y pacíficamente ya parece tragicómica. No se puede encender la mecha, avivar el fuego y luego pedir que éste no queme.
No se trata de estar de parte del Gobierno, ni del PP, se trata de estar del lado de la democracia y la ley; de España y su permanencia como tal. Se trata de defender el Estado de Derecho en el que vivimos, para poder de forma civilizada corregir sus defectos que, ciertamente, no son pocos.
