El problema no es de quién son los hijos, las personas no son de nadie, sino de quién es el derecho a educarles según sus principios morales y éticos. Ni los hijos son de los padres ni los padres son de los hijos, por lo que esa discusión no es más que una cortina de humo para despistar o descalificar al contrario.
El problema tampoco es el llamado "pin parental" sino el que haya quienes pretendan hacer proselitismo en la escuela de idearios políticos y de determinado concepto de la moralidad que excede lo que es la enseñanza para invadir el derecho de los padres a dar una educación a sus hijos de acuerdo a sus principios morales.
Y eso es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Ésta última obliga expresamente a los poderes públicos a proteger el derecho de los padres a elegir la formación moral que prefieren para sus hijos:
"Artículo 27 de la Constitución Española:
....
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
..."
El llamado "pin parental" -por similitud con la protección parental para proteger de contenidos no deseados en la navegación por internet- no es otra cosa que pretender que la ley recoja ese derecho para aplicarlo a los contenidos de actividades escolares complementarias al margen de las asignaturas establecidas. Este tipo de contenido no puede ni debe considerarse de obligatoriedad curricular común en un sistema en el que la enseñanza es obligatoria. Y aún menos en la enseñanza pública. Mucho menos si van contra los principios morales que los padres quieren para sus hijos.
Por lo tanto, quienes estén en contra de que eso se establezca por una ley que desarrolle ese derecho constitucional, no es que estén contra un partido que la proponga, la llame como la llame, sino en contra de la Constitución y a favor de que el estado arrebate ese derecho a los padres, que es suyo mientras estos sigan teniendo la Patria Potestad.
Usar a los niños para hacer política o para imbuirles unas determinadas ideologías políticas desde el estado y de forma obligatoria, no sólo es miserable y propio de sistemas totalitarios sino que debiera de estar tipificado como delito.
Son los padres quienes tienen que decidir si sus hijos asisten a determinadas charlas que incidan en su formación moral, además de tener derecho a conocer la capacitación y titulación de quienes las impartan. Y quienes están a favor de quitarles ese derecho humano y constitucional, que lo digan claramente y se dejen de zarandajas y de señalar a quienes pretenden defender ese derecho.
No se puede consentir que quienes llegan al poder prometiendo "devolver" derechos a la ciudadanía empiecen a ejercerlo eliminando derechos. Ni que quienes, desde la oposición, prometen defender las libertades se echen atrás ante el intento de coartarlas, tan sólo por miedo a ser tachados de colaborar con una supuesta extrema derecha.
