lunes, 29 de septiembre de 2008

Yo hablo español.

Es increíble que en España se tenga que manifestar la gente en la calle para exigir que sus hijos puedan estudiar en español.


castellano:


4. m. Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción respecto a otras lenguas habladas también como propias en España.

5. m. Dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, del que tuvo su origen la lengua española.

6. m. Variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja.

español:

3. m. Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia en otras partes del mundo.



De las anteriores definiciones del Diccionario de la Real Academia Española referidas al idioma que yo hablo, es la última la que se ajusta exactamente. Las otras no definen ni acotan con rigor el concepto real del idioma que hablo, de mi lengua materna, de la lengua que es común a todos los españoles. Claro que como la palabra que corresponde con esa definición no deja lugar a dudas, no fue la que se incluyó en la Constitución, hecha para no molestar a los nacionalistas y para dejar la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones que puedan ir precisamente contra ella misma.

Yo puedo decir, y lo digo, que he leído unas instrucciones escritas en catalán y castellano, o que una determinada instancia está en castellano y en gallego. Pero si me refiero al idioma que hablo digo que hablo español. No estoy intentando entonces hacer distinción entre lengua alguna. Y desde luego que no hablo un dialecto románico, ni tampoco soy oriundo de Castilla la Vieja. Así que en Valladolid puede que se hable el castellano, pero yo hablo español.

La cursi pedantería de quienes dicen hablar castellano, porque decir que hablan español les suena mal -les suena a derecha rancia por lo visto-, es tan patéticamente ridícula que convierte a España en el único país del mundo en donde a nuestro idioma no se le llama español. Y ello viene precisamente de ese complejo iniciado en la propia Constitución. De esos polvos vienen estos lodos.

Ahora nos encontramos en un país, en el que en diversas regiones del mismo no se puede estudiar en su propio idioma. El único del mundo en donde sus gentes salen a la calle a manifestarse porque sus hijos no pueden estudiar en su idioma. En el que se priva a las nuevas generaciones del derecho a conocer y usar el más preciado bien cultural que tenemos. En el que se pretende generar analfabetos funcionales en el idioma común, para que no puedan desarrollarse más allá de la tribu. Es la sinrazón y el paletismo nacionalista usando como arma política el idioma.

Pretenden hacer objeto de derecho a sus idiomas locales, ignorando que no son las lenguas los objetos de derechos, sino las personas. Claro que estos paranoicos descerebrados que también quieren hacer objeto de derecho a los territorios, en vez de a las personas que en ellos viven, no engañan a nadie que no quiera dejarse engañar. Pero es que no sólo quieren imponer lo suyo, lo que diferencia, es que además quieren eliminar lo común, lo que nos une.

Esos padres que asisten sin decir ni pío a como sus hijos son formados en una lengua que no va a entender nadie más allá de un pequeño territorio, y que ofrecen a sus hijos como futura carnaza manipulable al nacionalismo separatista y antisolidario, están aceptando acotar y limitar el futuro de sus hijos. Ojalá el día de mañana sus propios hijos les pidan cuentas y les reprochen el haber limitado sus posibilidades de futuro y de desarrollo. No es con parches del tipo "los llevaré a colegios privados" como se exige a los poderes públicos que protejan el derecho a la enseñanza, a la libertad de elección y que garanticen el cumplimiento de la ley. Aunque en muchos casos sean esos mismos poderes públicos los que incurren en dejación de funciones, cuando no en clara ilegalidad.

Pero ya vemos como en España ya no hay poder alguno que vele por los derechos de los ciudadanos, pues todos están manejados por el poder político. Y la política ya sabemos que tiene prioridades, y casi nunca esas prioridades pasan primero por defender los derechos de los ciudadanos.