El Poder único.

La división de poderes, necesaria para la existencia de un Estado de derecho, no existe en España.

Y no existe porque ni siquiera existen los tres poderes a los que la tal división se refiere: el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Aquí tan sólo existe el poder político, el que los partidos imponen a los otros supuestos poderes. Y se lo arreglan entre ellos. Ahora ya han llegado a un principio de acuerdo para repartirse el Poder Judicial. No se trata de que el propio Poder Judicial elija al órgano que lo regirá, no; son los partidos políticos los que elegirán a quienes tienen como máximo mérito y cualificación profesional su lealtad al partido que los proponga.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años, en absoluto. La democracia consiste en que el poder emane del pueblo. Pero aquí, el poder emana de los partidos políticos, y estos no son regidos por las bases, sino por sus cúpulas. Estamos pues ante una partitocracia, no una democracia. Y a la vista de lo que estamos comprobando día a día, cada vez más parece mutar en plutocracia, pues son los más ricos y poderosos los que gobiernan en la sombra y manejan a nuestros políticos. Es hasta increíble que con un Gobierno, que se dice socialista, se haya aumentado la diferencia entre ricos y pobres. Aquellos cada vez más ricos, y estos cada vez más pobres.

Son los partidos los que deciden todo. Si se decide sacar una ley adelante, no hay poderes que puedan equilibrarlo pues todos dependen de quienes deciden qué y cuando hay que sacar adelante. El ejecutivo lo elige el Presidente del Gobierno sin control alguno por otro poder del Estado. El legislativo es quien elige a dicho Presidente y legisla lo que dicho Presidente y su Gobierno propone. Pero los miembros de dicho Poder, los diputados y senadores, no tienen autonomía alguna para votar. Votan según les dice su partido que voten.

Con la ley del gobierno socialista de Felipe González, la elección del Poder Judicial también pasó a depender de la composición de las Cámaras y de los acuerdos entre los partidos; no del propio estamento judicial como sería lo lógico para garantizar una cierta independencia del poder político. Por lo que tampoco es un Poder contrapuesto a los otros, sino otra mano más del mismo Poder Político.

Para rematar la faena, el máximo órgano judicial español, su máxima instancia, es un tribunal político: el Tribunal Constitucional. Y por si parecía poco, las leyes electorales no garantizan lo de un hombre un voto, pues no vale lo mismo un voto dependiendo de en donde o a quien se vote. Pero eso es harina de otro costal.