Puigdemónt, Junqueras, Forcadell y Colau envían una carta al Gobierno y al Rey para intentar convertir su derrota en "aplastamiento por parte del opresor" y así no apearse de su victimismo. Es como si un maltratador enviara una carta a quien maltrata diciéndole que sus patadas eran caricias forzadas porque cuando quiso acariciar no se le permitió, y que por eso le duele el pie. O algo así.
He aquí la carta en la que se aprecia que se basan al menos en dos grandes mentiras:
- No han intentado diálogo alguno pues siempre pusieron como condición "referéndum sí o sí"
- Sólo los tontos, o quienes se lo hacen, pueden aceptar que lo que querían era una consulta popular no vinculante, cuando es evidente que han convocado un referéndum de autodeterminación con efecto inmediato de ganar el sí.
Texto de la carta
Es evidente que llevan las riendas de los tiempos y no es casualidad que este nuevo movimiento se produzca tras el aviso de Hacienda de intervenir las cuentas de la Generalitat, que la pela es la pela. A ver qué hace ahora el Gobierno. Aunque no creo en absoluto que Rajoy sea capaz de tomar una determinación que acabe con el asunto si cree que también acabará con él. Antepondrá mantener su poltrona y atrasar la solución del problema, pues problema es. Ya no vale escudarse en que es un problema creado artificialmente por los nacionalistas pues, aunque es cierto, no es menos cierto que han conseguido que se enquiste en la ciudadanía."Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto, que previamente había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, se rompió el pacto constitucional de 1978.
Posteriormente, se han formulado propuestas como un pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo ha sido en vano. El "no" ha sido la única respuesta. Este conflicto, después de haber intentado todas las vías anteriores, el Gobierno de Catalunya propone resolverlo convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo día 1 de octubre. Este referéndum no cuenta, como es conocido por todo el mundo, con el acuerdo del Estado español, como hubiera sido deseable y como ha pedido reiteradamente una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana.
En concreto, se constituyó un espacio llamado "Pacto Nacional por el Referéndum" que aspiraba a abrir un diálogo que finalmente tampoco fue posible. De hecho, hoy la justicia española está investigando responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlamento y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad ilícita. Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum. Mientras tanto, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlamento, ha clausurado la web informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y publicidad y ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estamentos del Poder Judicial.
Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito. Por otra parte, el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos los puntos de vista. Los resultados electorales así lo confirman, como también las resoluciones parlamentarias y las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y desde 2012 mueven millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y convivenciales, que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo de civismo.
Es por esto que queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía. Nos dirigimos, en este sentido, al Presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al Jefe del Estado, S.M. el Rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas. Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente".
Pero ceder ahora a este intento de contemporizar, sin que acepten previamente la legalidad vigente y suspender el referéndum, sería consagrar el chantaje y la coacción como armas políticas. El Gobierno debería inhabilitar a estos "servidores" del Estado que han intentado un golpe contra el mismo y, a continuación, realizar un referéndum no vinculante en toda España. Así, en el hipotético caso de que en Cataluña ganase la opción de separarse, estaría hartamente compensada con el total de votos que querrían que continuase siendo parte de España como lo ha sido hasta ahora. Además de que se acabaría con el victimismo que se ampara en que no pueden votar. Esto acarrearía un riesgo para el Gobierno, sí, pero sería un riesgo necesario para salvar algo más que el Gobierno: el Estado; o sea, España.
