Todos los argumentos de la sentencia están dirigidos a confirmar que hubo rebelión, a que se atentó contra el orden constitucional, y a justificar que los culpables sean condenados con penas que sirvan de escarmiento y suficientemente disuasorias.
Pero luego concluye que no hubo rebelión sino sedición, se les aplican penas livianas de las posibles y se impide la petición de la fiscalía de aplicar el artículo 36.3 del Código Penal, para evitar que los condenados a más de 5 años de cárcel puedan optar rápidamente al régimen de semilibertad penitenciario en Cataluña.
Una descalificación hacia la Fiscalía, hacia el Rey, hacia todos los que, tras el discurso Real, salieron a la calle en Cataluña contra los independentistas, pero que en definitiva lo que descalifica es a esa sala del Supremo y hasta a la justicia española, filtraciones incluidas. Los jueces deben actuar como jueces, no como políticos ni como supuestos "hombres de Estado". No pueden considerarse así quienes generan desconfianza hacia uno de los poderes del Estado.
Ahora toca "acatar" la sentencia y simular que se ha hecho justicia para no dañar más a ese Estado al que combaten los condenados y que seguirán atacando viendo lo barato que les sale. Una sentencia debe buscar justicia, no hacerse perdonar ante la opinión pública internacional por hacer justicia.
