Golpe a la Constitución.

"La legalidad y legitimidad que avalan al rey están en la Constitución que sí fue votada y aprobada. No sucedió lo mismo con la II República, advenida tras unas elecciones municipales en las que ni siquiera ganaron los partidos republicanos."

“Felipe no serás Rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina”. Lo dijo en 2013 la que hoy es ministra de Igualdad y compañera de finca del vicepresidente Pablo Iglesias. Pero esto ya no es un juego. Las asambleas de COU que acampaban en las calles del 15-M y escribían consignas en cartones o amenazas de muerte en las redes están ahora en el poder gracias a Pedro Sánchez, que ya ha cruzado la frontera de lo permisible en una democracia.

Cuando el gobierno, rompiendo una tradición y una lógica, veta la presencia del Rey en la ceremonia de entrega de despachos judiciales con la excusa de la seguridad, y contra su voluntad, llegamos a un momento de serio peligro institucional. No es la primera vez que sucede pero sí la más grave. El rosario de desaires a la Corona por parte del gobierno Sánchez-Iglesias es de sobra conocido y comenzó vetando sus viajes oficiales y relegándole ostensiblemente a un segundo plano en actos. La cota alcanzada este viernes es una irresponsabilidad histórica.

Circula ya la versión oficial en la que se asegura que el propio Felipe VI estaba de acuerdo con la medida del Gobierno. Seguramente será el argumento de la prensa afín la próxima semana a sabiendas de que Zarzuela no va a entrar en un juego de confirmaciones o desmentidos. Pero dicha versión no cuadra con los hechos: la llamada del Rey a Lesmes y ese “viva” al rey, sin el rey, como desagravio, seguido de un comentario que el ministro Campo niega que sea suyo gracias a la mascarilla — “se han pasado tres montañas”, o algo parecido — no apuntan precisamente a la anuencia de Felipe VI. Aun si cuadrara, la ofensiva posterior contra el Rey desde el Gobierno y desde el Partido que está en el Gobierno es de todo punto intolerable. Alberto Garzón, ministro de Consumo, no se ha andado con rodeos:

La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible.

Maniobrar contra un gobierno democráticamente elegido es golpismo, sin más. Y tal acusación sí que es “sencillamente insostenible” y debería traducirse, de momento, en la inmediata destitución del ministro Garzón. Lejos de ser así, el Gobierno lo arropa, según informa Ketty Garat en Libertad Digital.

Lo de Pablo Echenique basando su argumento en que al rey no le ha votado nadie es una declaración, como casi todas las suyas, al margen de la Constitución, agravada al ser un portavoz parlamentario que ha jurado o prometido su cargo —ya ni eso se observa en las tomas de posesión— acatándola.

La legalidad y legitimidad que avalan al rey están en la Constitución que sí fue votada y aprobada. No sucedió lo mismo con la II República, advenida tras unas elecciones municipales en las que ni siquiera ganaron los partidos republicanos —y aunque así hubiera sucedido, no se votaba eso— y coadyuvada por la extraordinaria agilidad de piernas de Alfonso XIII. Pero, por lo que parece, la tradición izquierdista de hechos consumados está de nuevo a la vuelta de la esquina. Esperemos que no ande tan cerca el miedo endémico de la derecha y, esta vez, doy por descontado que La Zarzuela seguirá en su sitio.

Siguiendo con la versión del Gobierno, si hay un “problema de seguridad” por el hecho de que el rey visite Barcelona coincidiendo con la eventual inhabilitación de Torra es porque el Gobierno de España renuncia a su autoridad en la Cataluña golpista de Torra, cuestión que también es un grave incumplimiento de la Constitución. ¿El Gobierno no puede o no quiere garantizar la seguridad del rey? ¿Debe el rey quedarse en su casa porque el representante de un gobierno autonómico golpista puede ser inhabilitado? Cumplir y hacer cumplir la Ley es el deber de un Gobierno de la nación y en estas horas estamos ante una gravísima dejación de funciones que no puede sino interpretarse como una deslealtad hacia la Corona sin precedentes en la democracia, muy al contrario de lo que trata de difundir el Gobierno Sánchez-Iglesias.

Y faltaba por hablar, precisamente, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que lo hizo el viernes también en Twitter, cobarde costumbre que ayuda a todos los políticos a esconderse de la realidad:

Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales. Art.1.2CE: La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado

Pero el artículo 1 tiene un tercer punto que no cita el vicepresidente porque la Ley nunca es un obstáculo para según qué fines y un simple punto siempre te puede estropear un argumento pretendidamente profundo:

Art.1.3 CE: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

No hay otra forma de acatar la Constitución que hacerlo en su integridad, sin mutilar artículos. El punto 3 existía ya cuando la Constitución española se aprobó abrumadoramente por la sociedad española. Por más que lo esconda el vicepresidente del Gobierno que juró o prometió acatarla y que juró o prometió lealtad al Rey, ahí va a seguir. Que sea republicano de la Segunda no le da derecho a evadirse de su cumplimiento aunque sea arraigada costumbre, tomada por legítima. Ya lo hacía cuando disertaba sobre la guillotina como instrumento democratizador, como lo hizo su compañera sentimental y ministerial Irene Montero.

Iglesias es, como diría su depurado amigo Errejón, el “núcleo irradiador” de esta campaña desatada contra la Corona que pretende un desgaste artificial para, sin demanda social alguna, imponer una República de facto como única salida. Qué mejor que intentarlo en un momento de hartazgo e incertidumbre como el que estamos viviendo por culpa de una pandemia. Es en esos terrenos donde mejor se mueve la izquierda que busca la ruptura, al borde del punto de ebullición. Iglesias lo ha sembrado pero la responsabilidad es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahí si ha acertado Pablo Casado:

Los ataques del Gobierno al Rey son intolerables. Si Sánchez no desautoriza inmediatamente a su vicepresidente y ministros será responsable de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente. Y actuaremos con firmeza contra esta subversión del orden constitucional.

El error es decirlo por Twitter y no convocar una rueda de prensa urgente, pero esa batalla ya la doy por perdida. Quedo a la espera de esa anunciada “firmeza contra la subversión del orden constitucional”. De lo contrario, como diría el ministro Illa en su traición a la Comunidad de Madrid, “vienen semanas difíciles”. Muy difíciles.

Javier Somalo.