Y ahora las prisas.

 

Parece que de pronto ha habido prisas para publicar la sentencia, quizá para así intentar proteger a Pumpido por haber filtrado su voto particular. Tanta prisa que no han esperado a que estén redactados todos los de los demás. Y ya es curioso que en ninguno de esos votos particulares, en los que hasta se trasluce el rechazo al Estado de Excepción por cuestiones ideológicas rayanas en la paranoia, ninguno haya considerado que en dos meses habría habido tiempo suficiente para legislar una ley de pandemia que hubiera evitado todo esto. Por no hablar del sibilino intento de desacreditar la sentencia por quien presentó el recurso ante el Tribunal.
El que el Estado de Alarma haya evitado muertes no hace que se convierta en constitucional la suspensión de derechos que, por mucho que disimulen sí se produjo y que, como bien dicen fue necesario por lo excepcional y gravedad de la situación. Si el efecto es lo importante no se entiende ese rechazo al Estado de Excepción que también habría tenido el mismo efecto pero sin aparcar al Parlamento ni saltarse la Constitución. Y eso que no se ha juzgado el uso indebido del mismo para gobernar por decreto en asuntos ajenos a la emergencia sanitaria.
Lo más gracioso del asunto es que ahora se critique que el TC haga consideraciones políticas "y no jurídicas" olvidando o ignorando que no es una Institución perteneciente al Poder Judicial. Siempre ha hecho consideraciones políticas, lo que sucede ahora es que no son las que el Gobierno quiere. Las críticas que se oyen suenan más a reproche por no haber hecho caso a quienes les pusieron allí. Pero hasta en eso fallan pues ha habido "deserciones" en ambos bandos lo que acerca la sentencia a una decisión independiente, más que en otras ocasiones.
Las prisas y presiones del Gobierno para renovar la cúpula de los jueces es para quitar a los díscolos y poner a otros más sumisos. Ha quedado más que claro.